Defensora de los habitantes: "Con absoluta claridad, no renunciaré a mi cargo"
Angie Cruickshank rechazó este jueves la exigencia de renuncia que aprobó una mayoría de la Asamblea Legislativa, esto luego de la inspección realizada al CACCO.
La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, descartó renunciar a su cargo luego de que los diputados oficialistas aprobaran en la Asamblea Legislativa una moción de orden para exigir su salida inmediata, a raíz de la inspección que realizó el pasado 13 de noviembre al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
La iniciativa, presentada por la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz Rosales, cuestiona la actuación de Cruickshank durante la visita al nuevo centro penitenciario y señala supuestas conductas irrespetuosas hacia el personal administrativo y policial.
Además, los diputados aprobaron otra moción para solicitar la salida del fiscal general, Carlo Díaz.
En conferencia de prensa, Cruickshank rechazó los cuestionamientos y aseguró que su gestión se ha mantenido dentro de las competencias que establece la ley para la Defensoría de los Habitantes.
"Con el mayor respeto, pero con absoluta claridad, no presentaré mi renuncia al cargo de defensora de los habitantes", manifestó.
La jerarca explicó que la inspección al CACCO tuvo como objetivo recopilar información sobre las condiciones de infraestructura, seguridad, funcionamiento y gobernanza del centro penitenciario, así como verificar el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad.
Para respaldar su actuación, recordó que el artículo 12 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes faculta al defensor, a su adjunto y a sus delegados para inspeccionar oficinas públicas sin previo aviso y solicitar la documentación necesaria para cumplir sus funciones.
"Renunciar al ejercicio de estas competencias significaría apartarse de responsabilidades esenciales de la institución", sostuvo.
Cruickshank también rechazó que la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad represente una falta de solidaridad con las víctimas de la delincuencia y sus familias.
Afirmó que ambas labores son compatibles y que la protección de los derechos humanos debe abarcar a todas las personas, sin distinciones por su condición.
"Es perfectamente posible y además constituye una obligación ética e institucional mostrar sensibilidad y solidaridad ante el dolor de las víctimas y sus familias y, al mismo tiempo, velar por los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Ambas posiciones no son excluyentes", expresó.
La defensora también negó haberse comportado de manera altanera durante la inspección.
"Sobre las conductas que se me atribuyen durante la inspección, es mi deber aclarar que en ningún momento me conduje de una manera altanera y respetuosa o contraria a las normas de convivencia que deben prevalecer en este tipo de diligencias.
"Sin embargo, tal y como lo comuniqué formalmente al señor ministro de Justicia y Paz, existieron conductas atribuibles al personal a su cargo, que no solamente fueron irrespetuosas de mi investidura como jerarca de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de los que estábamos ahí, sino que también obstaculizaron incluso físicamente e impidieron el ejercicio pleno de las competencias de fiscalización institucional", destacó.
Más de 210 visitas a instituciones
Durante su intervención, Cruickshank defendió la labor de fiscalización que desarrolla la Defensoría y señaló que la institución ha realizado más de 210 visitas a diferentes centros e instituciones públicas.
Entre los lugares inspeccionados mencionó centros educativos, albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ebáis, hospitales, ministerios, centros de atención para personas adultas mayores y establecimientos para personas con discapacidad.
También aseguró que la Defensoría atiende denuncias relacionadas con listas de espera, feminicidios, migración, ciberdelincuencia y otras situaciones en las que se presentan posibles omisiones o incumplimientos del Estado.
En el caso de las víctimas de la criminalidad, mencionó acciones como el análisis y seguimiento de la Política Nacional de Seguridad, así como el acompañamiento a familias afectadas por feminicidios.
La defensora explicó que, desde el 12 de octubre de 2026, cuando recibió la invitación de la Presidencia de la República para asistir a la inauguración del CACCO, comunicó que no participaría en la actividad, pero manifestó su interés de realizar una inspección técnica independiente.
Finalmente, insistió en que la moción legislativa no cambia su posición y que continuará al frente de la institución durante el periodo de cuatro años para el que fue designada.
"Renunciar a mi cargo, como propone la moción, equivaldría a reconocer un incumplimiento de mis deberes legales en el cual nunca incurrí. Hacerlo atentaría contra la verdad de los hechos y contra los valores éticos que han guiado mi administración", concluyó.
Cruickshank aseguró que mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos humanos y que seguirá ejerciendo las competencias que la ley le otorga a la Defensoría de los Habitantes.
