En un video enviado a la prensa, el legislador defendió que esa medida busca “que no exista la posibilidad ni la percepción de que yo pueda intentar influir en las decisiones de mis colegas de fracción sobre mi caso o impedir la libre discusión del mismo”.

Obaldía, quien hasta ahora había guardado silencio en el proceso, dijo que se someterá “a lo que establezcan los órganos competentes” e hizo referencia tanto al Congreso como a la Fiscalía.

Además de la investigación administrativa en su contra, el diputado también enfrenta dos investigaciones en la Fiscalía General por presunto acoso predatorio.

"Yo no minimizo ni justifico el acoso laboral o sexual. Aborrezco esos comportamientos y confío en que seré capaz de demostrar mi inocencia más allá de cualquier duda. 

“Le doy la bienvenida a los procesos que vienen porque me permitirán esclarecer los hechos y limpiar mi nombre”, finalizó.

La medida responde, principalmente, a la incertidumbre sobre la economía internacional, marcada por las interrupciones en el tránsito de petróleo en Oriente Medio, el agravamiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y los posibles efectos del fenómeno de El Niño sobre la producción de materias primas.

El Banco Central también advierte sobre presiones inflacionarias en varios de los principales socios comerciales de Costa Rica, especialmente por el aumento en los costos de la energía.

Así lo advierte Federico Quesada Chaves, director de la Escuela de Ciencias de la Administración (ECA) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), quien señala que las condiciones actuales del mercado cambiario requieren un seguimiento especial de cara al último trimestre del año.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) dispone de reservas internacionales que superan los $20.000 millones, mientras se aproxima un período en el que históricamente aumenta el flujo de dólares en la economía nacional.

“Al cierre del año es muy probable que el tipo de cambio permanezca relativamente estable, con tendencias ligeramente hacia la baja, debido a los pagos de aguinaldos y a los ingresos de divisas para bonificaciones”, explicó Quesada.

El académico indicó que a estos factores se suman los movimientos vinculados con la liquidación de inventarios, las importaciones para la temporada navideña y otras transacciones que caracterizan el cierre del período fiscal.

Según su análisis, esta combinación podría fortalecer la apreciación del colón y provocar una reducción adicional en el valor del dólar frente a la moneda nacional.

Impacto en sectores productivos

El especialista explicó que actividades como el turismo, las exportaciones y las empresas relacionadas con la inversión extranjera enfrentan desafíos cuando reciben gran parte de sus ingresos en dólares, pero deben cubrir gastos operativos, salarios y servicios en colones.

En esos casos, una reducción en el precio del dólar implica menores ingresos en moneda nacional por el mismo volumen de ventas o servicios facturados en dólares, lo que puede afectar la competitividad y la rentabilidad de las compañías.

A criterio del académico, la evolución del mercado cambiario deberá observarse con especial atención entre finales de octubre e inicios de noviembre, cuando suelen intensificarse las dinámicas económicas propias del cierre de año.

Posibles medidas para reducir la presión

Entre las medidas que podrían analizarse figuran ajustes en los encajes bancarios en dólares y colones, así como eventuales decisiones relacionadas con la Tasa de Política Monetaria (TPM).

Las autoridades mantienen una investigación para esclarecer el móvil del homicidio. Sin embargo, una de las principales líneas de investigación apunta a la disputa territorial entre grupos criminales que buscan controlar la venta de drogas en distintos sectores de la antigua metrópoli.

Entre las organizaciones que han sido señaladas por las autoridades figura el grupo conocido como "Los Maruja", cuyo nombre ha surgido en varias investigaciones relacionadas con la criminalidad en la provincia.

Cartago registra un aumento de 16 homicidios en comparación con el mismo período del año anterior. Junto con Limón, es una de las dos provincias del país que reportan un incremento en este tipo de delitos.

El operativo se desarrolló sobre la Ruta 32, cerca de la entrada a Moín.

Según las autoridades, al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó escapar de tres vehículos del OIJ. No obstante, durante la persecución terminó impactando una de las patrullas y quedó a un costado de la carretera.

Luego, 10 agentes judiciales llegaron al sitio en otros cinco vehículos para reforzar el operativo y concretar la captura.

El detenido figura como sospechoso de un homicidio ocurrido en el centro de Limón, donde habría asesinado a balazos a un hombre de 32 años cuando salía de un establecimiento comercial.

Figura clave dentro de Los Hondureños

El sospechoso responde a los apellidos Samudio Díaz, tiene 20 años y es conocido con el alias de “Pechugón”.

De acuerdo con las investigaciones del OIJ, dentro de la estructura criminal desempeñaba funciones relacionadas con el manejo de armas, el traslado de sicarios y la logística de distintas operaciones.

Las autoridades consideran que su papel era relevante dentro del grupo, ya que, según la investigación, la banda recluta ciudadanos nicaragüenses y hondureños con experiencia militar para fortalecer sus actividades delictivas.

Con esta captura, el OIJ espera debilitar aún más a Los Hondureños, organización señalada como responsable de varios hechos violentos registrados durante las últimas semanas en la provincia de Limón.

La iniciativa, presentada por la exdiputada del Frente Amplio, Priscilla Vindas, en 2025, proponía distribuir las funciones, recursos y personal de la DIS entre otras instituciones, principalmente el Ministerio de Seguridad Pública y el OIJ.

“La iniciativa propone transferir personal y bienes, distribuye el presupuesto de la DIS en partes iguales al OIJ y Ministerio de Seguridad, pero no cuenta con criterios de esas instituciones sobre el acumulado de funciones que recibirían”, cuestionó Abril Gordienko de la Unidad Social Cristiana. 

El propio Frente Amplio votó en contra de la propuesta, al reconocer que las diferentes críticas que recibió el expediente eran válidas.

Con ese voto negativo, el expediente 25.070 no llegará al Plenario Legislativo y será archivado.

Entre las nuevas disposiciones destaca un plazo máximo de dos años para que los partidos completen su proceso de renovación interna. El período comenzará a contar desde la convocatoria a la primera asamblea.

El plazo será improrrogable: si una agrupación no logra completar la renovación dentro de esos dos años, deberá iniciar nuevamente todo el proceso.

El reglamento también establece un plazo específico para las agrupaciones que pretendan participar en procesos electorales.

Los partidos deberán haber concluido la renovación de sus órganos internos al menos seis meses antes del día de las elecciones, ya sean presidenciales, legislativas o municipales.

La medida busca establecer mayor certeza sobre la situación interna de las agrupaciones antes de un proceso electoral.

TSE refuerza reglas de paridad

Las nuevas disposiciones también precisan las reglas de paridad de género.

En estructuras con un número par de integrantes, deberá existir una representación de 50% de mujeres y 50% de hombres.

Cuando el órgano tenga una cantidad impar de integrantes, la diferencia entre mujeres y hombres no podrá ser superior a una persona.

Estas reglas deberán aplicarse tanto en los puestos propietarios como en los suplentes.

Otro de los cambios establece que las solicitudes para fiscalizar asambleas deberán realizarse exclusivamente mediante formularios digitales en la Plataforma Electrónica de Servicios para Partidos Políticos.

Los partidos deberán presentar las solicitudes con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación.

Además, no podrán realizarse el mismo día asambleas cantonales y distritales, o reuniones de una escala similar, cuando correspondan a una misma circunscripción.

Cuando las decisiones de una asamblea dependan de otra, deberá existir un intervalo de al menos ocho días hábiles entre ambas reuniones.

¿Qué pasará con los partidos inactivos?

El reglamento también incorpora un procedimiento para la reactivación de partidos políticos inactivos.

Una agrupación podrá ser declarada inactiva cuando transcurra un año sin realizar gestiones de renovación.

Si posteriormente desea participar en un proceso electoral, deberá iniciar su reorganización al menos un año antes de las elecciones.

En caso de que el antiguo comité ejecutivo no quiera asumir nuevamente la conducción del proceso, se podrá convocar una asamblea con al menos 50 personas interesadas para designar autoridades provisionales.

Las reformas abarcan los artículos 2, 3, 5, 10, 16, 18 y 21 del reglamento vigente.

Los cambios entrarán en vigor una vez que sean publicados oficialmente en La Gaceta.

Quienes circulen de San José hacia Puntarenas deberán ingresar por la radial de San Ramón y utilizar la Ruta 135 para después incorporarse nuevamente a la Ruta 1.

En sentido Puntarenas-San Ramón, se mantiene el desvío por la calle marginal implementado semanas atrás.

Y quienes viajen de San Ramón hacia San José podrán continuar utilizando la radial, Ruta 156, y salir por la rotonda.

Los cambios se mantendrán hasta diciembre y permitirán avanzar con las obras del túnel de La Unión y el nuevo intercambio a dos niveles.

El Colegio Vocacional de Artes y Oficios (Covao) Nocturno realizará una actividad gratuita este viernes 25 y sábado 26 de setiembre, dirigida a jóvenes y adultos interesados en iniciar una carrera, especializarse, actualizar conocimientos, cambiar de área laboral o retomar sus estudios.

La jornada se llevará a cabo el viernes 25 de setiembre, de 5:30 p. m. a 9 p. m., y el sábado 26, de 10 a. m. a 2 p. m., en las instalaciones del Covao, en San Nicolás de Cartago.

Durante la actividad, los asistentes podrán conocer las diferentes especialidades, sus requisitos de ingreso y las oportunidades laborales asociadas con cada área. También tendrán la posibilidad de recorrer aulas y laboratorios, conversar con docentes y recibir orientación sobre matrícula y opciones de financiamiento.

Estas son las carreras disponibles.

La oferta académica incluye:

• Ciberseguridad
• Desarrollo web
• Electrónica industrial
• Mecánica de precisión
• Electromecánica
• Mecánica automotriz
• Diseño publicitario
• Diseño arquitectónico
• Contabilidad y Finanzas
• Ejecutivo Comercial y Servicio al Cliente
• Accounting
• Bilingual Secretary

Una de las novedades de este año es Ciberseguridad, una especialidad orientada a la protección de redes, sistemas y datos, así como al análisis de vulnerabilidades, la seguridad de protocolos y la gestión y respuesta ante incidentes.

También se ofrecen áreas relacionadas con el desarrollo de software, automatización, mantenimiento y procesos industriales, como desarrollo web, mecánica de precisión y electrónica industrial.

Las carreras tienen una duración de tres años e incluyen 320 horas de práctica profesional supervisada, con el objetivo de acercar a los estudiantes a entornos laborales reales en empresas e instituciones.

La formación se complementa con pasantías, bolsa de empleo para estudiantes y egresados, fortalecimiento del inglés, cursos y certificaciones de mercado, plataformas de aprendizaje con inteligencia artificial y laboratorios de alta tecnología.

Además, la institución cuenta con servicios de psicología, médico de empresa, becas estudiantiles, comedor y soda.

“Nunca es tarde para aprender, prepararse y construir nuevas oportunidades. No importa si una persona trabaja durante el día, tiene responsabilidades familiares o lleva varios años sin estudiar. La decisión de estudiar hoy puede abrir nuevas oportunidades para el futuro”, afirmó Marjorie Fuentes, directora del Covao Nocturno.

La prematrícula para el proceso de admisión se realizará del 16 al 23 de octubre, mientras que las estrategias de selección están programadas del 9 al 13 de noviembre.

Las personas interesadas pueden obtener más información en nocturno.covao.ed.cr, mediante el correo admision_nocturno@covao.ed.cr o al teléfono 2537-0505.

Así se desprende del más reciente estudio de percepción del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), publicado este jueves.

Solo un 23,0% dice estar de acuerdo o algo de acuerdo con la estrategia implementada por la institución para intentar bajar los tiempos de atención en los establecimientos públicos de salud.

Otras medidas que no gozan de mayor respaldo incluyen la venta de activos del Estado para el pago de la deuda pública o la minería a cielo abierto en Crucitas, con apoyos de solo 1 de cada 3 ciudadanos.

Las críticas de la presidenta al Poder Judicial, por otra parte, gozan de la aprobación de un 50,4% de los ticos, mientras que los señalamientos contra la Asamblea Legislativa son respaldados por el 46,8%. Las expresiones —no se precisa si despectivas— de la mandataria hacia otros poderes o instituciones son respaldadas por el 47,2%.

Por su parte, el proyecto que plantea la armonización del mercado eléctrico tiene una aprobación de casi la mitad de los costarricenses (49,5%).

El estudio se preparó con 746 entrevistas telefónicas realizadas entre el 12 y el 22 (con excepción del 15 y 16) de agosto anteriores. La encuesta tiene un margen de error de ±3,6 puntos porcentuales y tiene un nivel de confianza del 95%.

El mismo problema de siempre

La encuesta arroja que el 40,0% de los consultados considera que la inseguridad es la principal problemática que afecta a Costa Rica. No obstante, la preocupación por ese tema no se queda ahí, pues un 11,2% considera que ese puesto pertenece al narcotráfico.

Es decir, si se suman ambas temáticas, más de la mitad (51,2%) de los costarricenses identifican la criminalidad y una de sus expresiones como el mayor problema del país.

La segunda casilla la ocupan aspectos relacionados con institucionalidad y gobernabilidad (11,4%). Otras problemáticas mencionadas fueron el desempleo (10,8%), el alto costo de la vida (6,9%) y la corrupción (6,2%). El resto de las temáticas están por debajo del margen de error.

Cuando se consultó a estas personas el interés que ellos perciben del Gobierno para solucionar la que consideran es la principal problemática, la mitad opina de forma optimista.

Sin embargo, cuando se pidió a los consultados una calificación a la atención que el Poder Ejecutivo ha dado en lo que lleva de gestión a la seguridad ciudadana, se tiene que esta es la segunda nota más baja (5,5 de 10 puntos posibles), solo por encima de la estrategia implementada para el combate a la pobreza (5,3).

Del otro lado, las acciones mejor evaluadas de la administración actual fueron la protección a la naturaleza (6,4), el manejo de la economía (6,3) y la educación (6,2).

Durante este periodo, cinco personas fueron trasladadas ante la Fiscalía de Flagrancia de Santa Cruz por presuntos delitos ambientales relacionados con la extracción de huevos de tortuga lora y la destrucción de nidos.

Carlos Pizarro, administrador del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, explicó que los funcionarios mantienen un monitoreo permanente durante el periodo de arribada y que, como parte de estas labores, se atendieron casos relacionados con ilícitos ambientales.

“Producto de estas acciones, se trasladaron cinco personas detenidas ante la Fiscalía de Flagrancia de Santa Cruz para el proceso judicial correspondiente”, señaló Pizarro.

La solicitud fue presentada por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara de Empresas Distribuidoras de Energía y Telecomunicaciones (CEDET), la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) y la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras).

Las organizaciones coincidieron en que Costa Rica requiere un sistema eléctrico moderno, eficiente, seguro y sostenible, con capacidad para responder al crecimiento constante de la demanda energética, la transformación tecnológica, la electrificación de nuevas actividades productivas y los desafíos derivados de la variabilidad climática.

Según las agrupaciones, el contexto internacional refleja una crisis energética marcada por factores como los conflictos geopolíticos que impactan el precio de los combustibles y fenómenos climáticos como El Niño, que podrían reducir la generación hidroeléctrica debido a periodos de sequía prolongados.

No obstante, señalaron que la coyuntura actual es apenas un síntoma de un problema estructural más profundo: el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica nacional frente a una incorporación insuficiente de nueva capacidad de generación.

"Ya no podemos seguir discutiendo. Más de tres años de sentarnos con las fracciones y tal vez ahora no sea el mejor proyecto, pero es el que necesitamos para avanzar. Acá lo que tiene que mover es una responsabilidad para generar empleo de calidad", advirtió Maritza Hernández, presidenta de Uccaep.

Los representantes empresariales sostienen que el país debe aprovechar las fortalezas construidas a lo largo de los años en materia energética, pero también abrir espacios para una mayor eficiencia, innovación e inversión.

Además, advirtieron que es vital para el país atraer inversión y generar empleo, contar con energía suficiente, confiable, sostenible y a precios competitivos se convierte en un factor estratégico para el desarrollo del país.

Las organizaciones reiteraron su disposición a mantener el diálogo con las distintas fracciones legislativas.

Mediante un pronunciamiento, el órgano advirtió que el proyecto de ley Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario le restará recursos efectivos a las casas de enseñanza superior para destinarlos a nuevas obligaciones.

En ese sentido, el Consejo de Rectores advirtió que la propuesta debe analizarse con una perspectiva más allá de la política tributaria y la recaudación fiscal, pues esta impactará los fondos con los que cuentan los centros educativos para cumplir las responsabilidades que les asignan la Constitución Política y las leyes.

"Las universidades públicas cumplen funciones esenciales para el país en materia de docencia, investigación, extensión y acción social, así como en la generación de conocimiento, innovación, cultura y atención de necesidades nacionales.

"Cualquier medida que incremente sus costos de operación debe valorar, por tanto, las consecuencias que ello tendría sobre el cumplimiento de estas funciones", reza el pronunciamiento.

Bajo esa línea, el órgano pidió que la iniciativa parta del cumplimiento del artículo 85 de la Carta Magna, que dispone la existencia del Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES) y establece que las rentas de ese fondo no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean otras mejoras que simultáneamente las sustituyan.

Desde esta perspectiva, la eventual eliminación de los beneficios tributarios que actualmente permiten a las universidades reducir el costo de bienes y servicios provocaría un impacto directo sobre sus presupuestos.

"Los recursos que deban destinarse al pago de nuevas obligaciones tributarias dejarían de estar disponibles para otras necesidades institucionales.

"Por ello, el Consejo Nacional de Rectores considera que la discusión del proyecto debe tomar en cuenta la garantía constitucional contenida en el artículo 85 y evitar que una modificación del régimen tributario termine produciendo una disminución de los recursos efectivos destinados a la educación superior estatal", amplía el documento.

El órgano aboga porque la Asamblea Legislativa haga una revisión integral de los numerales 39, 40 y 41 del proyecto por sus eventuales afectaciones en los recursos de las casas de enseñanza.

La iniciativa de Hacienda también pretende la eliminación de exoneraciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las juntas de educación y los acueductos comunales (Asadas), entre otras entidades.

La víctima ya presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por los hechos ocurridos el pasado martes 22 de setiembre a eso de las 4:30 p. m.

La cámara de seguridad instalada en el vehículo afectado grabó el hecho. Al parecer, el conductor viajaba acompañado de un familiar.

Durante el recorrido, primero se encontraron con dos sujetos. Uno de ellos lanzó una piedra contra el vehículo y, segundos después, otros dos hicieron lo mismo.

En apariencia, podría tratarse de uno de los violentos métodos utilizados para ejecutar un bajonazo.

Pese al intento de bajonazo, la víctima reportó únicamente daños materiales en el costado izquierdo del vehículo y en el techo.

Los sospechosos viajaban en motocicletas que no portaban placas, por lo que se desconoce su identidad.

El caso ahora se encuentra bajo investigación.

El operativo se llevó a cabo en San Rafael Arriba de Desamparados, San José, contra un hombre de apellidos Navarro Brenes, de 29 años, conocido con el alias de “Kitin”.

De acuerdo con la Policía Judicial, al sospechoso se le vincula con múltiples homicidios ocurridos desde 2024 hasta la fecha.

Uno de estos casos ocurrió en abril de 2024, cuando un hombre fue asesinado dentro de su vehículo en Dos Cercas de Desamparados.

Otro hecho se registró en febrero de este año, también en Desamparados, donde dos jóvenes, de 17 y 21 años, fueron asesinados a balazos.

Según el OIJ, en los últimos años alias “Kitin” también habría dominado la venta de drogas en la zona.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron dos armas de fuego y droga.

Así está establecido en el artículo 28 del expediente 25.797, con el que la cartera de Rodrigo Chaves propone transformar el régimen de exoneraciones de Costa Rica.

La propuesta, que recién llegó a la Asamblea Legislativa, establece que quienes gocen de estos beneficios y realicen un uso indebido de estos serán sancionados con un 100% de lo no cobrado. Si se demuestra que esa infracción se hizo con dolo (intención), la multa se elevará hasta un 150%.

¿Por qué son tan altas esas sanciones?

“Porque es un impuesto que los costarricenses están dejando de percibir para fomentar o impulsar, como política pública, algún objetivo importante. Entonces, ¿cuándo pasa de 100% a 150%? Cuando existe dolo, y cuando se demuestra que en realidad hubo una intencionalidad de defraudar a la Hacienda Pública”, justificó el viceministro de Ingresos, Víctor Carvajal.

Otro detalle no menor es que, según el jerarca, las sanciones serán retroactivas al momento en que se apruebe la reforma. Es decir: si una persona goza del beneficio en 2027 y se comprueba un incumplimiento en 2029, la sanción irá sobre los dos años que disfrutó, de manera indebida, de esa exoneración fiscal.

“La lógica es que tenga que pagar los impuestos que le corresponden porque se le cancela el beneficio fiscal. Entonces, se reversa al monto que debió desde el inicio”, precisó el viceministro.

El proyecto incluye además la eliminación de una serie de exoneraciones que actualmente existen y que benefician a entidades como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las juntas de educación o las universidades públicas.

Con esos cambios, Hacienda espera recaudar alrededor de ₡120 mil millones por año, que equivale a 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

En total, el país registra 83 casos de malaria, de los cuales 34 corresponden a transmisión autóctona o local y 49 son casos importados, según datos del Ministerio de Salud.

Los hombres en edad productiva se encuentran entre los principales afectados, particularmente quienes realizan actividades como la minería. 

El mosquito que transmite la malaria tiene mayor actividad durante la noche, por lo que las personas que permanecen en zonas donde existe transmisión deben extremar las medidas de prevención. 

Además, el parásito puede permanecer en el organismo durante semanas o incluso meses; por esta razón, ante síntomas como fiebre, escalofríos o malestar general, se recomienda buscar atención médica e informar si se ha estado en una zona con transmisión de malaria. 

Costa Rica mantiene vigilancia sobre los focos activos mientras avanza en el proceso para obtener la certificación internacional que reconoce la eliminación de los casos autóctonos o de transmisión local de malaria.

​“Ha sido el honor más grande de mi vida profesional servir como Ministro de Comercio Exterior y Canciller de la República”, expresó Tovar en un comunicado por medio de la red social X.

El excanciller también se refirió a la importancia de la Semana de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como a la posibilidad de que la costarricense Rebeca Grynspan sea elegida como secretaria general del organismo internacional.

​“La situación de estos días refleja la importancia de la Semana de Alto Nivel de la ONU en medio de los desafíos actuales del mundo y particularmente ante la posibilidad real de asegurar la histórica elección de la compatriota Rebeca Grynspan como Secretaria General de las Naciones Unidas”, señaló.

Tovar agradeció a Fernández la oportunidad de trabajar desde la Casa Amarilla y le deseó éxitos en su gestión presidencial.

​“Siempre estaré del lado de las causas justas de los costarricenses y de la comunidad internacional”, concluyó el exjerarca, quien también reconoció la labor del equipo de la Cancillería y su compromiso con las misiones del país.

La destitución de Tovar se produjo luego de que Fernández cuestionara que el entonces canciller no le informara sobre su participación en una reunión del Escudo de las Américas, celebrada en Nueva York junto al presidente estadounidense Donald Trump y otros líderes de la alianza. 

La mandataria calificó la situación como una negligencia que le impidió participar en el encuentro.

Otros motociclistas que se encontraban en la zona siguieron al vehículo durante varios metros y le pidieron al conductor que se detuviera, pero este continuó a toda velocidad.

Rebeca Lemaitre, hija del conductor de la motocicleta, conversó con Teletica.com y pidió ayuda para localizar al responsable del accidente.

"Necesitamos encontrar a la persona involucrada en el accidente que le cambió la vida a mi papá, quien es un adulto mayor, y a mi tía de casi 60 años.

"Mi papá conducía una motocicleta cuando un conductor irrespetó un semáforo en rojo, los colisionó y se dio a la fuga. Ellos tuvieron heridas bastante graves. Mi papá necesitó cirugía en ambas piernas, mi tía en una pierna, más otro montón de lesiones súper fuertes", afirmó Lemaitre.

Declaraciones de Rebeca Lemaitre: 

Lemaitre señaló que la familia busca que el conductor sea localizado y que asuma la responsabilidad correspondiente.

"Nosotros no buscamos perjudicar a nadie, nosotros lo que queremos es que esta persona aparezca y se haga responsable, que colabore a que la recuperación de ellos sea lo más pronta posible, ya que son adultos bastante grandes y esta recuperación es complicada", manifestó.

La familiar también solicitó información que permita identificar al conductor o al vehículo involucrado.

Lemaitre confirmó que la familia presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el mismo día del accidente.

"Mi papá y mi tía salieron hace ocho días del INS. Él está inmóvil recuperándose. Mi tía tiene una operación en fémur y cadera, está inmóvil también, hay que ayudarles para todo, no se pueden mover de la cama y hasta dentro de un mes los vuelve a ver el médico para valorar su condición", explicó.

De acuerdo con Lemaitre, los familiares enfrentan un proceso de recuperación que, según les han indicado, podría ser lento debido a su edad.

"Ellos eran muy independientes, pero ahora tenemos que ayudarles para ir al baño", agregó.

La familia solicita a quienes tengan información sobre el automóvil Honda gris o sobre la identidad de su conductor que la proporcionen a las autoridades.

"Este comportamiento podría estar relacionado con una alimentación ilegal por parte de personas en el pasado, lo que habría provocado que el animal perdiera su temor natural hacia los seres humanos", indicó el SINAC.

Jonathan Sandí, del Cuerpo de Bomberos, indicó que a las 8 a. m. de este miércoles recibieron el despacho para atender la presencia del cocodrilo en Mata Limón.

Declaraciones de Jonathan Sandí: 

Al llegar al sitio, los bomberos encontraron que el reptil ya había sido capturado por lugareños. En ese momento, aseguraron la escena y esperaron al personal del SINAC para colaborar con el traslado.

El animal fue colocado en un vehículo y trasladado al Parque Marino del Pacífico, en Puntarenas, donde será atendido por los biólogos del centro.

El SINAC junto con la comunidad ya trabajan en la colocación urgente de rótulos informativos y preventivos en Playa Caldera y el manglar de Mata Limón por la presencia de estos reptiles en la zona.

De esa manera lo acordaron los jefes de fracción la mañana de este jueves, 13 días después de que el Alto Tribunal notificara la sentencia integral correspondiente al 30 de julio pasado, en la que se ordenó a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, poner en conocimiento del Plenario la nómina de 18 aspirantes a los puestos "a la mayor brevedad posible".

Las únicas que plantearon dudas sobre la pertinencia de que la discusión se realice en esas fechas fueron las congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, y de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, en el tanto que ese mismo día, la sesión deberá acortarse con motivo de las preparaciones para un acto solemne en Puntarenas.

Sin embargo, incluso si no se hacen las elecciones necesarias, los legisladores podrán continuar posteriormente con las votaciones que se requieran para la selección de nueve jueces sustitutos de la Sala Constitucional. Con ese panorama claro, las diputadas externaron su anuencia a que la discusión se dé en la fecha propuesta por la vicepresidenta de la Asamblea, Esmeralda Britton.

A la espera de que el Congreso cumpla con esa elección, la Sala Constitucional extendió el nombramiento de los suplentes a los que el nombramiento les venció el 16 de diciembre pasado, ante el bloqueo impuesto por la fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO, mayoritaria).

En agenda

Durante la sesión, también se pactó que el proyecto que plantea el establecimiento de jornadas laborales excepcionales en el país, popularmente conocidas como jornadas 4/3, se vote el próximo 7 de octubre.

Valga recordar que esta es una iniciativa de suma relevancia para la administración de Laura Fernández, al punto que esta acaparó la agenda legislativa durante los últimos meses.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.290, conllevó la discusión y votación de 5.129 mociones.

En medio de la gira que realiza la mandataria por la Zona Sur, y con motivo de la donación de lanchas y vehículos que el país del norte hizo a Guardacostas, Fernández aprovechó para reiterarle a Hildebrand, y a Estados Unidos, su compromiso “firme y decidido” con esa alianza.

“Voy a aprovechar que está aquí la señora embajadora del Gobierno de Estados Unidos para reiterarle a su país mi compromiso firme y decidido de continuar apoyando la alianza del Escudo de las Américas y también para informarle a usted y al pueblo de Costa Rica que hay decisiones difíciles que uno debe tomar como mandataria, pero que hay errores que no se pueden pasar por alto.

“Lamento mi ausencia en la reunión convocada por el gobierno de los Estados Unidos con los jefes de Estado participantes del Escudo de las Américas. El error en trasladarme esa invitación de su Gobierno no pasó por alto y hoy fue destituido el canciller de la República”, aseveró.

Efectivamente, la Presidencia anunció este jueves la sorpresiva destitución de Manuel Tovar como ministro de Relaciones Exteriores.

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Laura Fernández se disculpa con EE. UU. por ausencia en reunión de "Escudo de las Américas". Más información en Teletica.com. 📲

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Precisamente fue el ahora excanciller quien representó a Costa Rica en esa reunión en la que estuvo presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como los demás jefes de los estados miembros.

Según Fernández, Tovar nunca le informó de esa cita, razón por la cual no pudo asistir.

En su lugar, la mandataria se reunió ese día con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para discutir temas de seguridad.  

Sin embargo, la nota alcanzada por la mandataria no se acerca a la primera que consiguió su antecesor y ministro, Rodrigo Chaves (2022-2026), según revela este jueves el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA).

El más reciente estudio de percepción de ese órgano académico, publicado esta mañana, asigna una calificación promedio a la gobernante del 6,98, lo que se sitúa 0,67 puntos porcentuales por debajo de lo que logró el expresidente en la primera medición de su gestión.

Los resultados de este informe reafirman la tendencia mostrada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) el 9 de setiembre pasado.

Aun así, Fernández obtuvo una mejor nota que la que Chaves recibió (6,70) antes de dejar el poder el 8 de mayo anterior.

De igual forma, la mandataria es la mejor evaluada de los actuales miembros del Poder Ejecutivo, seguida por su ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos (6,63), así como su ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes (6,55).

En el otro extremo, los peores evaluados sobre los que la encuesta pidió una evaluación son Chaves, tanto en su rol de ministro de Hacienda (6,23) como de la Presidencia (6,40), y el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez (6,35).

Los otros jerarcas con algún grado de protagonismo, reconocidos por la ciudadanía y sobre los que se hicieron mediciones, son el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar (6,54), además del ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón (6,41).

El estudio se preparó con 746 entrevistas telefónicas realizadas entre el 12 y el 22 (con excepción del 15 y 16) de agosto anteriores. La encuesta tiene un margen de error de ±3,6 puntos porcentuales y tiene un nivel de confianza del 95%.

La mandataria aseguró, en un comunicado enviado a los medios de comunicación, que el ahora exjerarca actuó con “negligencia” al no informarle de la reunión que él sostuvo el pasado martes en Estados Unidos junto al presidente Donald Trump y el resto de los integrantes del llamado “Escudo de las Américas”, que se celebró esta semana en Nueva York.

“Tovar asistió a la sesión sin dar aviso previo ni informar de su participación a la señora presidente de la República. Esta negligencia no le permitió a la señora mandataria participar en la sesión, lo cual causó un gran daño de carácter estratégico”, dice la misiva.

“El Gobierno de Costa Rica considera que la coalición multinacional denominada Escudo de las Américas, liderada por el Gobierno de los Estados Unidos, es un espacio político y estratégico de articulación en materia de seguridad que resulta fundamental en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como para la implementación exitosa de políticas públicas en materia de seguridad nacional y seguridad pública, las cuales son una prioridad para la mandataria”, añadió.

Mientras esa reunión sucedía, Fernández estaba en Colombia en una gira “de urgencia” con el gobierno de Abelardo de la Espriella para discutir temas de seguridad y combate al narcotráfico.

Presidencia informó que, en lugar de Tovar, fue nombrada de manera interina la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, quien ocupará el cargo una vez regrese de su misión en la Asamblea de las Naciones Unidas.

En un video enviado a los medios de comunicación, el jerarca aseguró que, de aprobarse, el cambio afectaría toda la operatividad de ese órgano judicial especializado en el combate de la criminalidad.

“Esto tiene que ver directamente con la compra de equipos y suministros en diferentes líneas, compras de repuestos… todas las compras en términos generales. Era un dinero que lo utilizamos para hacer más compras y ahora, al tener que pagar el IVA, significa que tendríamos estos ₡3.969 millones de menos; definitivamente nos va a afectar en una condición tan delicada como la que está el país”, aseveró.

Soto añadió que la propuesta, presentada el martes por la cartera de Rodrigo Chaves, llega además en un momento sensible para el OIJ, no solo por la creciente ola de criminalidad, sino además por los recortes presupuestarios anunciados para todo el Poder Judicial.

“Esto llega en una situación donde hay más violencia, más narcotraficantes, más homicidios y menos presupuesto”, aseveró.

El viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal, justificó el miércoles, en entrevista con Teletica, que la decisión pondría al OIJ en el mismo nivel del Ministerio de Seguridad y otros cuerpos policiales que sí están sujetos al pago del impuesto.

La reforma presentada por Hacienda necesitaría de al menos 38 votos para aprobarse.

"De acuerdo con la información preliminar, ambos hombres llegaban a una casa y se disponían a abrir el portón para ingresar a la propiedad cuando tres sujetos que permanecían escondidos en un charral salieron y los interceptaron.

"Los sospechosos les dispararon en reiteradas ocasiones. Los dos hombres recibieron impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, los brazos, las piernas y la espalda. Ambos fallecieron en el lugar, sobre la vía pública", señaló la Policía Judicial.

Tras el ataque, los tres sospechosos escaparon en una motocicleta que habían dejado estacionada cerca del sitio.

Los agentes judiciales localizaron en la escena casquillos de armas de fuego calibre 9 milímetros y .40.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, mientras que el caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del doble homicidio y ubicar a los responsables.

Versión de vecinos

Vecinos de la zona conversaron con Teletica.com y señalaron que, al parecer, una disputa relacionada con la venta de drogas causó el ataque. Según estas versiones, uno de los vecinos habría tenido problemas con los dos hombres asesinados y presuntamente los habría interceptado junto con otros dos sujetos.

Los vecinos también indicaron que, después del hecho, los sospechosos, supuestamente, salieron corriendo por la calle principal para alejarse del sitio.

Además, de acuerdo con estas versiones vecinales, uno de los posibles involucrados había sido detenido anteriormente por la Policía Judicial durante un allanamiento realizado en su vivienda en medio de una investigación relacionada con venta de drogas.

Los allanamientos se realizaron a partir de las 6 a. m. en tres puntos. Uno está ubicado en calle La Arboleda, cerca del parque del mismo nombre. 

Según el último informe de la policía judicial, tres personas fueron detenidas.

Otro se encuentra en el sector de Anselmo, en Llorente de Tibás, cerca de un vivero. El tercer inmueble está en San Juan, cerca de una iglesia evangélica (ver video adjunto en la portada).

La investigación comenzó en julio de 2026. La Sección Penal Juvenil recibió información confidencial sobre una presunta actividad de venta de estupefacientes en las cercanías del parque La Arboleda. El reporte señalaba la participación de varias personas, entre ellas menores de edad.

Las diligencias permitieron identificar tres viviendas vinculadas con las personas investigadas. Los agentes ingresaron a los inmuebles durante la mañana de este jueves para buscar evidencia y detener a los sospechosos.

El OIJ mantiene el caso bajo investigación. Las autoridades determinarán la situación jurídica de las personas detenidas tras finalizar los allanamientos.

​

Según relató, obtener la primera cita de valoración en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, le tomó cerca de nueve meses. Una vez atendido por especialistas, recibió el diagnóstico que ya sospechaba, cataratas en ambos ojos.

De acuerdo con el paciente, durante la consulta médica le indicaron que requería una intervención quirúrgica y que el siguiente paso era realizarse una biometría, examen indispensable para planificar la cirugía.

Sin embargo, el tiempo volvió a convertirse en un obstáculo.

Inicialmente, la cita para este procedimiento fue programada para agosto de 2027, lo que implicaba esperar prácticamente un año adicional. Posteriormente, la fecha fue adelantada para marzo, aunque el paciente considera que el plazo sigue siendo excesivo debido a la evolución de su condición.

Preocupado por el deterioro de su visión y cansado de esperar, Aguilar decidió presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.

Tras una consulta realizada por Telenoticias, el Hospital San Vicente de Paúl indicó que la cita fue asignada dentro de un período aproximado de seis meses a partir de su programación.

Según el centro médico, el plazo responde a la prioridad clínica otorgada al caso y a la disponibilidad de espacios existentes en la agenda de atención.

Los efectos del fenómeno de El Niño ya comienzan a sentirse en distintas comunidades del país. Actualmente, 32 asadas realizan racionamientos de agua debido a la disminución en la disponibilidad del recurso hídrico, una situación que afecta a miles de familias en varias regiones.

De acuerdo con datos de la Confederación Nacional de Federaciones, Ligas y Uniones de Acueductos Comunales, la escasez de agua impacta a 74 comunidades ubicadas principalmente en las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Alajuela.

La organización estima que alrededor de 6.525 familias enfrentan afectaciones relacionadas con el abastecimiento del líquido.

Los problemas se concentran especialmente en cantones como Nicoya, Santa Cruz, Hojancha, Nandayure, Abangares, Cañas, Tilarán, Carrillo, Puntarenas, Orotina y San Ramón, donde varias asadas han tenido que implementar medidas para administrar los recursos disponibles y garantizar el suministro a la población.

Almacenamiento inadecuado puede afectar la salud

Ante los cortes programados y los períodos de racionamiento, muchas familias recurren al almacenamiento de agua en recipientes dentro de sus hogares.

Sin embargo, el Colegio de Químicos de Costa Rica advierte que esta práctica podría convertirse en un riesgo para la salud si no se realiza de forma adecuada.

Según los especialistas, utilizar recipientes que no sean aptos para almacenar agua potable o recurrir a fuentes cuya calidad no ha sido debidamente verificada puede favorecer la contaminación del líquido y aumentar el riesgo de enfermedades.

Además, mantener el agua almacenada sin las debidas condiciones de higiene podría facilitar la proliferación de microorganismos perjudiciales para la salud.

Recomiendan extremar medidas preventivas

Los expertos recomiendan utilizar únicamente recipientes limpios, con tapa y destinados para almacenamiento de agua para consumo humano.

Asimismo, señalan la importancia de vigilar posibles cambios en el color, olor o sabor del agua y reportar cualquier irregularidad a las autoridades correspondientes o a la asada local.

Las organizaciones también hacen un llamado a las comunidades para mantenerse informadas sobre los horarios de racionamiento y adoptar medidas de ahorro mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con los pronósticos, los efectos asociados a la disminución de lluvias podrían extenderse incluso hasta enero del próximo año, por lo que las autoridades consideran fundamental fortalecer las acciones preventivas para garantizar el acceso seguro al agua potable.

“Intervenimos donde el mercado no logra corregirse por sí solo. Es una medida temporal, técnica y focalizada, con un objetivo claro: que las personas paguen menos por los medicamentos de mayor relevancia para su salud”, señala María del Milagro Solórzano León, ministra del MEIC.

517 productos regulados

La disposición abarca 68 principios activos o combinaciones de estos, agrupados en 142 categorías farmacéuticas.

Estas categorías comprenden 356 medicamentos identificados por concentración y presentación, lo que representa un total de 517 productos disponibles bajo distintas marcas comerciales en el mercado nacional.

La selección se realizó mediante una metodología desarrollada por la Dirección de Análisis Económico y Comercial (DAEC) del MEIC, utilizando criterios como:

Representatividad del gasto privado.
Relevancia terapéutica.
Impacto en el gasto de bolsillo de los consumidores.
Perfil epidemiológico.
Importancia dentro del mercado.
Condiciones de competencia y concentración.

Rebajas estimadas de hasta un 30%

El MEIC estima que los medicamentos cuyos precios actuales superan el límite establecido podrían registrar una reducción promedio cercana al 30%.

Además, se espera que la competencia entre laboratorios, distribuidores y farmacias genere ajustes adicionales en otras presentaciones incluidas dentro de las agrupaciones reguladas. 

Durante la vigencia de la medida, el MEIC mantendrá un monitoreo permanente del mercado, con especial atención a la evolución de los precios y a las condiciones de abastecimiento.

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja Costarricense, las víctimas tendrían entre 30 y 40 años de edad.

De acuerdo con la información inicial, los atacantes dispararon contra ambos hombres en múltiples ocasiones. Una de las víctimas presentaba una herida de bala en el rostro, mientras que la otra tenía un impacto en la cabeza.

Cuando los socorristas llegaron al sitio, los dos hombres ya no presentaban signos vitales. Sus cuerpos quedaron tendidos sobre la vía pública.

Las autoridades policiales mantienen un operativo en la zona con el fin de ubicar a los responsables del ataque, quienes permanecen en fuga.

Asesinan a joven y otra persona resulta herida en Siquirres

Por otra parte, en la comunidad de Los Laureles de Siquirres, un hombre de unos 20 años murió tras recibir varios impactos de bala en el tórax, las piernas y los glúteos.

En ese mismo ataque, otra persona resultó herida y, según la información preliminar, fue trasladada en un vehículo particular a un centro médico.

Las circunstancias de ambos hechos permanecen bajo investigación por parte de las autoridades judiciales y policiales.

La viceministra de Transportes, Sofía Fallas, aseguró que el Gobierno ya analiza la sostenibilidad del beneficio y lanzó una advertencia.

“Es un tema complicadísimo porque el hecho de que estemos subsidiando la tarifa del adulto mayor y cómo ha cambiado la pirámide poblacional de Costa Rica, está generando grandes pérdidas al sector. No todos los adultos mayores requieren subsidio, eso también hay que dejarlo claro”, afirmó.

La discusión se da tras conocerse que, durante 2025, los pasajes no cobrados a esta población representaron ₡14.000 millones.

Ese año, los adultos mayores realizaron 33,9 millones de viajes en bus, de un total de 349,2 millones de pasajeros.

Además, su participación en el total de usuarios pasó de entre 7% y 8% antes de la pandemia, a entre 9% y 9,5% desde 2024.

Actualmente, el costo de la exoneración se distribuye entre los pasajeros que sí pagan.

“Lo que nos está pasando es que las empresas están suplicando, más las pequeñas y rurales, que hagamos una política en la que tratemos de buscar otro origen de estos fondos”, dijo el representante de los autobuseros ante el CTP, José López Chaves.​​​​​

Según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), en las rutas urbanas el beneficio puede elevar cerca de un 10% la tarifa de los usuarios regulares.

El MOPT valora ahora otras fuentes de financiamiento, incluida la posible participación de los gobiernos locales.

De acuerdo con las reglas vigentes, las personas mayores de 65 años no pagan pasaje en recorridos de hasta 25 kilómetros. Entre 25 y 50 kilómetros pagan el 50% de la tarifa, mientras que en recorridos de más de 50 kilómetros pagan el 75%.

La discusión sobre el financiamiento surge en un contexto en el que el uso del beneficio ha aumentado. Según datos de Aresep, antes de la pandemia los adultos mayores representaban entre 7% y 8% de los pasajeros de autobús. Desde 2024, esa proporción aumentó a entre 9% y 9,5%.

La información expuesta ante el CTP también señala que, en las rutas urbanas, donde la exoneración es total, la proporción de adultos mayores alcanza el 10,3%.

El MOPT analiza la sostenibilidad del beneficio y las posibles fuentes para financiarlo, mientras que la Aresep mantiene vigente la metodología que contempla la proporción de adultos mayores en cada ruta.

Telenoticias solicitó al MOPT ampliar sobre el tipo de análisis que están realizando al beneficio y cómo serían los cambios correspondientes. Al cierre de edición no se había recibido respuesta. 

Como parte de estas acciones, la CCSS emitió en setiembre de 2025 una instrucción que regula la prescripción, el despacho, la administración, la devolución y la trazabilidad del fentanilo, así como de otros medicamentos sujetos a fiscalización especial.

La medida se adopta en un contexto en el que la Auditoría Interna ha señalado, mediante distintos informes, riesgos relacionados con el manejo de medicamentos controlados dentro de la institución.

Entre los hallazgos detectados figuran debilidades en los registros y en los mecanismos de trazabilidad de los fármacos, desde su prescripción y despacho hasta su administración, devolución y custodia.

"Se han identificado debilidades en la trazabilidad y en los registros de información asociados a la prescripción, despacho, administración, devolución y custodia de medicamentos controlados".

La Auditoría también advirtió sobre riesgos asociados al uso indebido o no autorizado de medicamentos como fentanilo, morfina, ketamina y clonazepam.

Además, el informe menciona casos relacionados con pérdida, hurto o sustracción de medicamentos controlados, así como denuncias formales y procesos judiciales que involucran a funcionarios.

Como parte de las medidas adoptadas, la Caja reiteró la prohibición de mantener existencias de fentanilo en los servicios hospitalarios y reforzó los protocolos para la devolución a farmacia de los medicamentos que no sean administrados a los pacientes.

Así lo confirmó este miércoles la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, mediante un comunicado de prensa.

El órgano estará integrado por Marco Badilla (Liberación Nacional); José María Villalta (Frente Amplio); Kathia Calvo (Pueblo Soberano); Abril Gordienko (Unidad Social Cristiana) y Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana).

Los cinco serán los encargados de conocer la denuncia y presentar un informe final y recomendación al Plenario sobre los hechos.

El reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas establece que el proceso debe ser confidencial, por lo que las sesiones de esta comisión no se transmitirán y tampoco será permitido que los diputados brinden declaraciones al respecto.

“En virtud de lo anterior, y con el propósito de garantizar el estricto cumplimiento de dichos principios y resguardar los derechos de todas las partes involucradas, esta Presidencia no emitirá manifestaciones adicionales sobre el fondo ni sobre el desarrollo del procedimiento”, añadió Jiménez.  

“Como presidente de la Asamblea Legislativa, reitero mi compromiso con el respeto irrestricto al debido proceso, la confidencialidad, la objetividad y las garantías que amparan a todas las partes involucradas, continuare actuando con responsabilidad, prudencia y estricto apego a la ley”, finalizó.

En el grupo de vulnerables financieros, por ejemplo, apenas dos de cada diez personas logran ahorrar, mientras que entre los ahorradores consolidados más del 83% mantiene este hábito.

El ataque quedó registrado en video. En las imágenes se observa el momento en que dos sujetos encapuchados y con armas de alto calibre asesinan a un hombre en esa comunidad (ver adjunto).

La víctima era un barbero de apellido Román, de 34 años, quien vivía en la zona.

El crimen ocurrió el jueves 6 de agosto, minutos antes de las 9 p. m., cuando los sospechosos llegaron a bordo de un vehículo. Ahora, la Policía Judicial busca identificarlos.

Posteriormente al crimen, los sospechosos escaparon. Sin embargo, la Fuerza Pública logró detener a uno de ellos.

Los otros dos huyeron por un río y, hasta ahora, permanecen en fuga.

Por esa razón, el OIJ de Siquirres solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a los sospechosos.

Si usted los reconoce o cuenta con información que pueda ayudar a las autoridades, puede comunicarse con la línea confidencial 800-8000-645.

Un cono casi perfecto mar adentro y unas imágenes que sorprendieron a los vecinos de la Isla de Chira. Este miércoles, el Golfo de Nicoya se vio sorprendido con la presencia de una imponente tromba marina. 

Se trata de columnas de aire que giran rápidamente entre la superficie del mar y las bases de las nubes.

“En Costa Rica, estos sistemas no nacen de tormentas mesociclónicas como en otras partes del mundo, sino que se generan debido a movimientos cerca de la superficie del mar. Funcionan como un motor que se alimenta de energía.

“El agua cálida en la superficie del mar, usualmente superior a los 28 grados Celsius, permite la evaporación y el desarrollo de nubosidad de gran desarrollo vertical. Estas nubes favorecen circulaciones en bajo nivel de la atmósfera y también circulaciones como las trombas marinas”, mencionó el meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional, Paulo Solano.

Según el IMN, estos fenómenos son más frecuentes en la temporada de lluvias, entre mayo y setiembre. 

Suelen presentarse especialmente cerca de las costas del Pacífico.

“Estos sistemas dependen de factores climáticos, también de la posición de la Zona de Convergencia Intertropical y factores climáticos como El Niño. Los vientos de las trombas marinas pueden superar los 100 kilómetros por hora. 

"Usualmente, estos sistemas se quedan lejos de la costa, pero en ocasiones, si logran ingresar, su impacto puede ser leve a moderado, afectando más que todo viviendas e infraestructuras cercanas a las costas”, añadió.

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Video desde la Isla Chira captó el impresionante momento en que una tromba marina se formó cerca de la costa. Más detalles en Teletica.com. 📱

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La Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) presentó una acción de inconstitucionalidad para exigir que se restablezca el ajuste automático por costo de vida a los pensionados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR). 

La organización sostiene que el congelamiento de los montos desde 2021 ha generado una pérdida significativa que afecta a más de 30.000 pensionados del magisterio nacional.

La gestión judicial cuestiona específicamente los artículos 2 y 79 de la Ley N.º 7.531, denominada Reforma Integral del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, al considerar que omiten establecer un mecanismo de revalorización por costo de vida para una parte importante de las personas jubiladas.

La Sala IV confirmó que efectivamente recibió la acción de inconstitucionalidad y afirma que se encuentra en estudio de admisibilidad.

De acuerdo con la organización, esta situación ha provocado que más del 65% de los pensionados del RTR mantengan sus ingresos sin ajustes desde enero de 2021, pese al incremento sostenido del costo de vida durante los últimos años.

“Presentamos esta acción ante la Sala Constitucional para exigir una sentencia que repare de inmediato una evidente discriminación. Es inaceptable que se mantenga a dos terceras partes del régimen con sus ingresos congelados mientras el costo de vida sigue en aumento”, afirmó Miguel Ángel Sobrado Chaves, presidente de AJA.

La asociación argumenta que los montos permanecen congelados debido a la aplicación de la Regla Fiscal, una vez que la deuda pública superó el 60% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, sostienen que la propia legislación establece que las revalorizaciones por costo de vida de las pensiones no deberían verse afectadas por estas restricciones fiscales.

Por ello, la organización solicita que los magistrados ordenen al Ministerio de Hacienda aplicar de manera automática y semestral los aumentos correspondientes.

El grupo de jubilados considera que este escenario ha deteriorado la capacidad de compra de miles de personas adultas mayores, afectando su posibilidad de cubrir gastos esenciales relacionados con alimentación, salud y servicios básicos.

Esto incluye, por ejemplo, cualquier equipo que ese cuerpo del Poder Judicial utilice para el combate a la criminalidad.

La propuesta está incluida en el expediente 25.797, Ley Régimen de Beneficios Fiscales y Control del Gasto Tributario, que establece un nuevo marco para otorgar, controlar, fiscalizar, liquidar y revocar beneficios tributarios.

En su extenso articulado, el proyecto deroga una serie de artículos e incisos de diferentes leyes que actualmente ofrecen diferentes exoneraciones fiscales.

Por ejemplo, se propone eliminar nueve incisos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), todos estos relacionados con diferentes exoneraciones que hoy tiene ese tributo.

En esa lista destacan, además del OIJ, los bienes y servicios que venda, preste o adquiera el Benemérito Cuerpo de Bomberos; las comisiones por los servicios de subastas ganaderas y las transacciones de animales vivos que se hagan en estas y la adquisición de bienes y servicios que hagan las juntas de educación del MEP, las juntas de desarrollo comunal y las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas).

De la misma forma, se pretende gravar la compra y la venta de bienes y servicios que hagan las universidades públicas, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes).

¿Por qué?

“Lo que nosotros buscamos es que las instituciones públicas paguen el impuesto por una razón muy sencilla, y es que la gestión de las exoneraciones tiene un costo. O sea, nosotros tenemos que invertir recursos valiosos que podríamos estar destinando a la fiscalización de grandes contribuyentes o de empresas grandes a nivel territorial para contribuirle más al fisco, en lugar de tenerlos verificándolas y tramitando exoneraciones de instituciones públicas.

“Entonces, eso es un principio que nosotros queremos implementar y a partir de ahí también se derivan una serie de movimientos importantes que nos van a generar ingresos”, explicó el viceministro de Hacienda, Víctor Carvajal.

El jerarca explicó que el proyecto tiene tres objetivos puntuales: primero, actualizar el régimen de exoneraciones para establecer no solo potestades fiscalizadoras que hoy no existen, sino además un marco sancionador que establezca multas de hasta un 150% sobre los beneficios dejados de pagar por el contribuyente a partir de esos beneficios fiscales.

El segundo punto es trasladar todo el régimen de exoneraciones de la Dirección General de Hacienda a la Dirección General de Tributación, que sería la encargada de evaluar y aprobar o rechazar esos beneficios, así como eventualmente verificar su cumplimiento y sancionar a quienes incumplan.

La potestad de crear o eliminar exoneraciones seguiría siendo de la Asamblea Legislativa.

El tercer punto objetivo es generar ingresos en medio de la caída sostenida en la recaudación fiscal. En este punto, Hacienda espera que la eliminación de exoneraciones genere un ingreso de alrededor de 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB), que equivale a alrededor de ₡120 mil millones por año.

Pero, ¿por qué apuntar a cobrar impuestos a sectores sensibles como el OIJ, Bomberos, las juntas de desarrollo y educación o las universidades públicas?

"Los policías usan chalecos y los policías andan armados, y el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia, la Policía Mutual Fiscal y el Ministerio de Hacienda todos pagamos el impuesto no revelado. Entonces, realmente es algo que se requiere para poder tener un sistema tributario mucho más racional. La lógica de un beneficio fiscal es incentivar una actividad económica, es incentivar la contratación, la generación de empleo por alguna actividad", insistió el jerarca.

En medio de los recortes presupuestarios que cuestiona el Poder Judicial, ¿no cree que esa eliminación de la exoneración del impuesto al OIJ afectaría directamente el combate a la criminalidad?

“Realmente no. Nosotros somos conscientes de que tienen el presupuesto necesario para hacerle frente a esto, al igual que nosotros tenemos el presupuesto necesario para hacerle frente. Y las demás instituciones deben hacerle frente”, finalizó Carvajal.

El proyecto sí mantiene muchas de las exoneraciones fiscales vigentes, por ejemplo, las que gozan las empresas en el régimen de zonas francas, las compras de equipos médicos y ortopédicos, la canasta básica y medicamentos e insumos médicos esenciales, entre otros.

Al tocar temas tributarios, el proyecto necesitaría de al menos 38 votos para aprobarse.

De acuerdo con información preliminar brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho se registró pasadas la 1 p. m., cuando la víctima se encontraba en las afueras de su casa.

Ahí, dos hombres encapuchados que viajaban en motocicleta y vestían de negro dispararon en múltiples ocasiones contra el hombre, ocasionándole heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

Tras el ataque, los presuntos responsables se dieron a la fuga y, hasta el momento, no se reportan detenciones relacionadas con el caso.

La Fuerza Pública mantiene la custodia de la escena mientras se desarrollan las diligencias judiciales correspondientes.

Por su parte, agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, que será trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Las autoridades indicaron que el caso permanece en investigación para determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

El operativo se desarrolló luego de la alerta por las tres muertes, registradas cerca de las 11 p. m. de este martes en el sector de Santa Rita.

En ese hecho, las víctimas fallecieron tras recibir impactos de arma de fuego: dos hombres y una mujer. Una cuarta persona resultó herida y fue trasladada en condición crítica al Hospital San Carlos.

De acuerdo con la información preliminar, los sospechosos del asesinato cometieron el crimen y huyeron hasta una vivienda en una motocicleta y, al percatarse de la presencia policial, huyeron por un sector de charral.

Los oficiales localizaron la motocicleta en la zona y, posteriormente, percibieron un fuerte olor a marihuana dentro de la propiedad, por lo que solicitaron la presencia de la unidad canina y de agentes de Control de Drogas.

El perro especializado en detección de drogas dio positivo. Durante la revisión, los policías también encontraron cédulas de identidad y teléfonos celulares que, preliminarmente, estarían relacionados con los sospechosos.

Las víctimas mortales fueron identificadas preliminarmente como Reina Dávila, de 47 años; Pedro Dávila, de 65 años; y un hombre de 37 años, identificado como Byron Salazar, alias “Toga”, de acuerdo con la información suministrada.

La investigación se enfoca en buscar a los sujetos que huyeron hacia La Virgen de Sarapiquí y establecer la procedencia de la droga localizada en la vivienda.

El encuentro fue dado a conocer la tarde de este miércoles por la Casa Presidencial en una nota de prensa, en la que no se precisa la fecha de la audiencia privada.

"Llegaré ante el Santo Padre con enorme emoción y humildad, llevando en mi corazón a Costa Rica y a cada familia que encuentra en Dios la fuerza para levantarse, luchar y seguir adelante. Será un honor recibir sus palabras y pedirle que tengan siempre presente en sus oraciones a nuestro querido pueblo costarricense", señaló la mandataria.

En el comunicado tampoco se señala la fecha en la que la gobernante iniciará su gira por Europa, pero sí detalla que esta participará de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a celebrarse el 4 y 5 de noviembre próximo en España.

Se trata del primer viaje a Europa de la presidenta y su segunda salida del país desde que ejerce el cargo, el 8 de mayo pasado.

De hecho, la mandataria permanece en Colombia, donde se reunió el martes con su homólogo de ese país, Abelardo de la Espriella.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a dos hombres en Quircot de Cartago, ya que figuran como sospechosos de participar en al menos 15 denuncias por estafa (ver video adjunto).

La investigación tomó fuerza luego de que uno de los sospechosos fuera identificado tras realizar una compra de aproximadamente ¢2 millones en joyas en esa zona de la Vieja Metrópoli.

Entre las personas afectadas figura una adulta mayor de 78 años, residente en Bélgica, quien, según la investigación, habría sido víctima de una estafa por 500 mil euros, equivalentes a aproximadamente ¢259 millones.

De acuerdo con las pesquisas, en apariencia, en este caso participó un notario francés, quien, al parecer, trasladó el dinero a su país. Ahora, la Policía Judicial investiga la forma en que parte de esos recursos pudo haber llegado hasta los sospechosos detenidos en Costa Rica.

Los dos hombres son vecinos de Quircot y, según el OIJ, a ellos se suman otras dos personas que presuntamente prestaban sus cuentas bancarias para recibir dinero.

Los métodos utilizados para cometer las estafas seguirían patrones tradicionales.

En las otras 14 denuncias, las personas afectadas serían de distintas zonas del país y el perjuicio económico ascendería a aproximadamente ¢20 millones.

Los detenidos, señalados como los principales sospechosos de ejecutar las estafas, son reconocidos vendedores de droga en Quircot de Cartago, según la investigación.

Durante los allanamientos, los agentes del OIJ decomisaron documentación relacionada con las estafas, incluido material correspondiente al caso de la adulta mayor residente en Bélgica. Además, localizaron dispositivos electrónicos y droga.

La información fue confirmada por el equipo de prensa de la agrupación en el poder la tarde de este miércoles, sin que se expusieran las razones sobre esa elección ni declaraciones al respecto.

Calvo es la segunda integrante del foro que se confirma hasta el cierre de esta publicación. El primero fue Marco Badilla, por parte del Partido Liberación Nacional (PLN).

El Partido Frente Amplio (PFA) informó que no adelantará a su representante ni se referirá al caso hasta que en el órgano investigador sea formalmente instalado.

Se prevé que la comisión va a ser conformada por cinco legisladores, uno por bancada. Eso permite suponer que las congresistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, y de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, serán parte de la pesquisa.

El foro, cuyo análisis, actuaciones y conclusiones son confidenciales, deberá trasladar un informe y recomendación final al Plenario para que sea este, posteriormente, el que lo estudie los informes respectivos y vote.

Por este mismo caso, Obaldía también enfrenta dos denuncias ante el Ministerio Público por presunto acoso predatorio en perjuicio de dos mujeres mayores de edad.

Solo en el Hospital San Juan de Dios pueden llegar a necesitarse entre 40 y 60 unidades de sangre cada día. Sin embargo, no todas las personas que llegan con intención de donar pueden concretar el proceso (ver video adjunto).

Hay personas que se presentan con disposición para donar, pero que deben ser descartadas temporalmente porque no cumplen con alguno de los requisitos establecidos.

Entre los factores que pueden limitar la donación se encuentran algunos períodos posteriores a la aplicación de vacunas. Un ejemplo es la vacunación contra la fiebre amarilla, debido al requisito que comenzará a regir para quienes viajen a determinados destinos.

Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, presentar un documento de identificación vigente y encontrarse en buen estado de salud.

Cumplir con estos requisitos permite que más personas puedan convertirse en donantes y contribuir a mantener las reservas disponibles para quienes necesiten una transfusión.

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La Cruz Roja Costarricense lanzó la campaña nacional “Colecta que Salva Vidas”, una iniciativa de donaciones que busca movilizar a personas, comunidades, empresas, organizaciones, municipalidades e instituciones para ayudar a combatir la crisis financiera que vive la institución.

Los fondos recaudados serán destinados al fortalecimiento de las labores que permiten a la Cruz Roja atender emergencias y brindar asistencia a personas y comunidades en todo el territorio nacional.

Según mencionó José Gerardo Barahona, subdirector administrativo, la benemérita institución cuenta con una Dirección de Cooperación, mediante la cual ofrece cursos de capacitación para personas y empresas, venta de botiquines y artículos institucionales, además de servicios de cobertura de eventos. 

¿Cómo donar a la Cruz Roja?

Los interesados en apoyar la campaña pueden realizar sus donaciones mediante el Banco Nacional, utilizando la siguiente cuenta:

Cuenta: 100100-7

En el detalle de la transferencia se solicita indicar: “Donación”.

También se pueden hacer Sinpes al número 6470-9465.

​La Cruz Roja Costarricense también invitó a los distintos sectores de la sociedad a sumarse a la iniciativa mediante cualquier otra acción que esté dentro de sus posibilidades.

Para obtener información adicional sobre la campaña, las personas pueden comunicarse al 6470-9465 o escribir al correo cooperacion@cruzroja.or.cr.

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La entidad lanzó una campaña para recaudar fondos y ayudar a la operación en estos lugares.

La protesta provocó la suspensión de 216 cirugías de 416 programadas para ese día, mientras que servicios como el de Emergencias del Hospital Fernando Escalante, en Pérez Zeledón, perdieron a 25 de los 29 profesionales de ese tipo que tenía en el tercer turno.

El impacto no fue mayor debido a medidas extraordinarias que incluyeron la redistribución de personal, la aplicación de tiempo extraordinario y a la coordinación entre establecimientos de salud, según defendió la institución en una conferencia de prensa el lunes anterior.

Sin embargo, ese mismo jueves, la entidad encargada de la administración de los hospitales públicos del país presentó ante el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José una solicitud de reincorporación a labores en servicios públicos esenciales, a la que se le asignó el expediente 26-001546-2024-LA, según se desprende del informe final del movimiento emitido por la Gerencia Administrativa, del que Teletica.com tiene copia.

Pero la diligencia fue a su vez confirmada por la Dirección Jurídica ante una consulta posterior de este medio.

"Respecto a la eventual declaratoria de ilegalidad de la huelga, se aclara que las diligencias promovidas por la institución corresponden específicamente a una solicitud de reincorporación a labores, de conformidad con el artículo 375 bis. del Código de Trabajo, por lo que no requiere del trámite de calificación previa de ilegalidad", indicó el despacho.

Y en efecto, el citado numeral establece que una institución está obligada a solicitar una orden de reincorporación en toda huelga que se dé en servicios esenciales, los cuales la propia normativa laboral califica de "manifiestamente ilegal".

La norma apunta que, en las 24 horas posteriores a la suspensión de la jornada, el patrono debe gestionar lo propio y aportar la prueba que acredite la condición del servicio esencial. En las 24 horas siguientes a la recepción del pedido, se dará audiencia a las contrapartes y, después, el órgano jurisdiccional tendrá 24 horas para resolver la solicitud.

El Juzgado de Trabajo de San José detalló a solicitud de Teletica.com que, hasta el lunes, la gestión estaba en trámite y pendiente de resolución.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Enfermeros y Afines (SINAE), Lenín Hernández, señaló a este medio que fueron notificados el propio jueves sobre el proceso iniciado por la Caja y que el mismo se atendió "en tiempo y forma".

Choque sobre participantes

Durante la conferencia de prensa del pasado lunes, la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, así como el director de Administración y Gestión de Personal de la institución, Wálter Campos, hicieron ver que el 95,4% de los participantes de la huelga sí habían recibido salario.

El último de los voceros explicó que el elemento les llamó la atención en el tanto que todos habían recibido los pagos en al menos las últimas cuatro quincenas.

"Si bien es cierto que puedo entender la solidaridad que puede haber con los compañeros de los distintos servicios de hospitales, es un dato que también hay que valorar. Nosotros nos debemos a todas esas personas y a la prestación efectiva de los servicios que hay que hacer", indicó la jerarca.

Taylor detalló que en el Hospital San Juan de Dios (HSJD), en San José, se sumaron al movimiento 950 funcionarios, a pesar de que a ninguno se le debían pagos, mientras que en el Hospital Rafael Ángel Calderón, también en la capital, participaron 569 servidores, pero solo el 10% tenía un problema con el salario.

Por lo anterior, la presidenta ejecutiva llamó a las organizaciones de trabajadores que promovieron la huelga a que "piensen en los usuarios".

La jerarca anunció una valoración para conocer si existía fundamento para que esas personas salieran a huelga, así como en los casos en los que no, para eventualmente tomar las acciones que legalmente procedan contra estos últimos.

"Esto dista mucho de las amenazas infundadas por parte de la presidenta ejecutiva de la institución, en donde dijo en conferencia de prensa que iban a valorar la apertura de procedimientos administrativos disciplinarios, porque eso no funciona así. El artículo 371 del Código de Trabajo es claro al indicar que los trabajadores pueden ir a un movimiento de huelga por conflictos económicos y sociales, tal y como el que se está presentando en este momento", señaló por su parte el dirigente sindical Lenín Hernández, en referencia con el proceso legal iniciado por la institución.

El secretario general del Sindicato de Enfermería acusó a Taylor de querer tergiversar los datos relacionados con los participantes de la huelga, pues asegura que, si bien el total de servidores a los que no se les ha pagado puede ser de 482 casos, esa cifra no contempla otros casos en los que se alegan diferencias salariales, entre otros rubros.

Asimismo, Hernández respondió a la jerarca que la normativa laboral avala una huelga frente a conflictos económicos y sociales, al tiempo que hizo ver que, a propósito de la solidaridad a la que ella aludió, hay servicios en los que funcionarios han tenido que organizarse para hacer rifas o recolecciones de víveres para poder ayudar a los compañeros que no reciben sus pagos.

Así lo anunció este miércoles el jefe de fracción verdiblanco, Álvaro Ramírez.

“La inmunidad no puede ser un pretexto para la impunidad, mucho menos en materia de delitos sexuales”, dijo Ramírez.

Por su parte, Badilla aseguró que ejercerá ese rol con “objetividad y responsabilidad”.

“He sido seleccionado por la fracción para conformar una comisión que va a abordar un tema delicado. Asumiré esta posición con objetividad, responsabilidad y apegado al derecho”.

Hasta ahora, el nombre de Badilla es el único que ha trascendido para integrar ese órgano, aunque se sabe que la comisión tendrá cinco integrantes: uno por fracción legislativa.

Esto haría suponer que Abril Gordienko (PUSC) y Claudia Dobles (CAC) también serían parte de esa investigación.

La comisión, cuyo análisis y conclusiones son confidenciales, deberá trasladar un informe y recomendación final al Plenario para que sea este, posteriormente, el que lo analice y vote.

Por este mismo caso, Obaldía también enfrenta dos denuncias penales ante la Fiscalía por presunto acoso predatorio en perjuicio de dos mujeres mayores de edad.

Se trata de 67 comités u operaciones auxiliares de la benemérita que se encuentran en un déficit económico y que podrían llegar a cerrar por la crisis financiera que actualmente vive la entidad. 

La entidad necesita de al menos ₡25.000 millones para mantener la atención básica usual a nivel nacional.

“Creemos que si nosotros aumentamos por lo menos en ₡10.000 millones, podemos sostener la operación de manera consistente. El factor clave es que no lo veamos en bloque, sino que, por ejemplo, en Monteverde se necesita atención diferenciada a lo que sea Tibás, entonces es un llamado a todas las personas de que entendemos que esto es sacarlo entre todos”, declaró la presidenta ejecutiva de la Cruz Roja, Dyanne Marenco.

De los 146 comités que tienen actualmente, 67 de ellos están en números rojos y cada uno de ellos, para subsistir, necesita un mínimo de ₡110 millones al año.

Algunos de estos comités cuentan con distintos apoyos económicos de parte de municipalidades; sin embargo, mantienen su operación con déficit.

“Esto no quiere decir que estos comités vayan a cerrar en un muy corto plazo, pero si la situación financiera no se resuelve de forma medular y no tenemos, como le decía antes, ingresos sostenibles, en un mediano plazo podríamos estar hablando de reducción de la atención hospitalaria en estos comités o inclusive en otros que pudieran entrar en déficit en los próximos meses”, explicó el subdirector administrativo José Gerardo Barahona.

De momento, la institución lanzó una campaña llamada "Colecta que Salva Vidas", que busca movilizar a personas, comunidades, empresas, organizaciones y municipalidades para contribuir a recaudar fondos. 

Las personas, empresas y organizaciones que deseen ayudar pueden realizar sus donaciones mediante: 

Banco Nacional: cuenta 100100-7 

En las transferencias se solicita indicar en el detalle: Donación

Si usted tiene otra forma de contribuir, puede contactarlos al número 6470-9465 o el correo: cooperacion@cruzroja.or.cr.

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El avance local ocurre en un contexto de crecimiento del uso de esta tecnología en el sector agrícola a nivel internacional. Un estudio de McKinsey & Company, realizado entre 5.500 agricultores, señala que el 26% de los productores de América Latina utiliza inteligencia artificial en sus procesos.

La investigación también encontró que el 17% usa inteligencia artificial generativa para tareas relacionadas con la finca, principalmente para planificación. Además, el 75% de los agricultores consultados espera obtener algún resultado concreto a partir del uso de estas herramientas.

En Costa Rica, sin embargo, todavía no existen estadísticas que permitan determinar cuántos productores utilizan IA, según explicó Valeria Ramírez López, agroempresaria y productora hortícola, además de estudiante de Agronomía de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

“La inteligencia artificial ha sido una herramienta que ha ido en crecimiento en los últimos años y el sector agrocostalicense no es la excepción para su uso”, señaló Ramírez.

La productora explicó que estas herramientas pueden utilizarse para analizar plagas y enfermedades presentes en los cultivos, así como para estudiar las moléculas químicas utilizadas durante los procesos agrícolas.

Drones y cámaras también incorporan IA

Kevin Aguilar, de la Cámara de Productores de Papa de Costa Rica, explicó que el uso de inteligencia artificial ya forma parte de algunas labores agrícolas, aunque existen condiciones que dificultan una mayor implementación.

​“Nosotros acá presentamos algunas dificultades para poder implementar más de lo que quisiéramos, llámese clima, llámese topografía”, explicó Aguilar.

Según el productor, algunas de las aplicaciones más accesibles están relacionadas con el acompañamiento agronómico y las consultas técnicas.

​“Se utilizan para cierto acompañamiento agronómico, consultas más técnicas, formulaciones de alguna mezcla química que se vaya a hacer en alguna fumigación”, detalló.

La tecnología también se utiliza mediante drones en cultivos extensivos. Aguilar mencionó casos como la piña y el banano, donde los equipos pueden incorporar cámaras multiespectrales capaces de identificar características de las plantaciones.

Estas herramientas permiten realizar conteos de plantas y detectar enfermedades o posibles carencias en los cultivos. La incorporación de inteligencia artificial facilita el análisis de esa información y agiliza el trabajo, según explicó Aguilar.

El costo y la capacitación son parte de las barreras

El estudio de McKinsey señala que el sector agrícola se mantiene selectivo con sus gastos debido a la presión económica. Desde 2022, las ganancias del sector han disminuido, mientras persisten factores como la volatilidad en el precio de los insumos, las tensiones geopolíticas, los problemas de disponibilidad de mano de obra y un clima más impredecible.

En América Latina, solo el 7% de los agricultores consultados manifestó intención de pagar por herramientas de inteligencia artificial, frente al 10% registrado en Estados Unidos.

En Costa Rica, las barreras no están relacionadas únicamente con el costo. Ramírez también señaló la falta de capacitación como uno de los obstáculos para que más productores incorporen estas tecnologías.

“El uso de esta herramienta ha presentado distintas barreras, como la falta de capacitación por parte de las entidades hacia los productores sobre cómo esta herramienta puede facilitar los procesos agrícolas”, indicó.

McKinsey plantea que una mayor adopción dependerá del desarrollo de soluciones específicas para cada finca, tomando en cuenta factores como las condiciones climáticas locales, los cultivos y las necesidades particulares de los productores.

El reporte señala que la inversión tecnológica en agricultura desde 2024 ha crecido especialmente en sensores remotos y programas para administrar cultivos. La tendencia apunta hacia herramientas que resuelvan problemas concretos y puedan integrarse a los procesos que los agricultores ya realizan.

Para Aguilar, Costa Rica todavía enfrenta condiciones que limitan una incorporación más amplia de estas tecnologías, pero su presencia en el campo ya es una realidad.

“Definitivamente, el sector agrícola acá en Costa Rica presenta varias dificultades para poder implementar más de lo que nosotros quisiéramos la inteligencia artificial, pero sí puedo decir que es una herramienta que hoy en día se está utilizando”, concluyó el productor de papa.

Oficiales realizaban un recorrido preventivo en La Virgen de Sarapiquí y recibieron una alerta relacionada con el triple homicidio (ver video adjunto en la portada).

Según la información recibida por los policías, dos sujetos vestidos de negro y que viajaban en una motocicleta están vinculados con el ataque ocurrido en Río Cuarto.

Minutos después, los oficiales observaron una motocicleta con dos ocupantes que coincidían con las características reportadas.

Al intentar abordarlos, los sujetos hicieron caso omiso de la señal policial y emprendieron la huida.

La persecución continuó hasta una vivienda en La Virgen de Sarapiquí. Los sospechosos ingresaron al inmueble y posteriormente escaparon por la parte trasera hacia una zona de potreros, donde lograron evadir la acción policial.

Dentro de la vivienda, los oficiales percibieron un fuerte olor a aparente marihuana y observaron varios paquetes que, preliminarmente, aparentaban contener marihuana y cocaína.

​La situación fue comunicada al Ministerio Público, que dispuso mantener la custodia del inmueble mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Al sitio también llegaron funcionarios de la Policía de Control de Drogas (PCD) y una unidad canina especializada para apoyar las labores de búsqueda y detección.

El inmueble quedó bajo custodia a la espera de las diligencias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El triple homicidio ocurrió cerca de las 11 p. m. de este martes en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela. 

Tres personas murieron por impactos de arma de fuego: dos hombres y una mujer. Una cuarta persona resultó herida y fue trasladada en condición crítica al Hospital San Carlos, según confirmó la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com.

Cada vez que una persona abre una cuenta bancaria, solicita un crédito, realiza una transferencia electrónica o utiliza una aplicación financiera, comparte información personal con distintas entidades.

Aunque estos datos forman parte de la operativa cotidiana de bancos, empresas y plataformas digitales, también pueden representar un riesgo cuando son utilizados sin autorización o caen en manos equivocadas.

Ante este escenario, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la educación ciudadana en materia de protección de datos personales y prevención de fraudes.

Según explicaron ambas entidades, la iniciativa busca acercar a la población herramientas que le permitan conocer sus derechos, comprender cómo se utiliza su información y saber qué mecanismos tiene a disposición en caso de considerar que sus datos fueron tratados de forma incorrecta.

Las organizaciones consideran que una de las principales herramientas para combatir las estafas y los delitos informáticos es la educación de los usuarios.

Por ello, parte del trabajo conjunto estará enfocado en explicar aspectos como qué datos pueden recopilar las entidades financieras, quiénes pueden acceder a esa información, cuáles son los derechos de los consumidores y qué procedimientos existen para presentar reclamos o denuncias.

Además, la iniciativa busca promover una mayor conciencia sobre la importancia de proteger la información personal y analizar cuidadosamente los datos que se comparten en diferentes plataformas y servicios.

La información fue confirmada por la Central de la Cruz Roja Costarricense a Teletica.com. La emergencia se reportó cerca de las 11 p. m.

Según la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los fallecidos son una mujer apellido Dávila de 47 años y dos hombres, uno de apellido Dávila de 65 años y otro de apellido Salazar de 31 años. 

La mujer que murió y uno de los hombres fallecidos eran padre e hija. 

La persona herida fue identificada con el apellido Solano, de 31 años. El hombre recibió atención de los cuerpos de emergencia y fue trasladado en condición crítica al Hospital San Carlos. Posteriormente, fue llevado al Hospital de Alajuela y es reportado en condición estable.

Los agentes judiciales se apersonaron al sitio para atender la situación y realizar el levantamiento de los tres cuerpos, los cuales fueron trasladados a la Morgue Judicial.

El caso continúa en investigación.

La emergencia consumió el 80% de la estructura de 350 metros cuadrados en tres niveles de construcción, según informó Mauricio Motta del Cuerpo de Bomberos.

Además, durante las labores de atención, personal del Cuerpo de Bomberos logró rescatar a 10 personas que se encontraban dentro del inmueble al momento del incidente, quienes estaban en el segundo y en el tercer nivel.

En total 15 bomberos realizaron la labor de control del fuego y lograron frenar el impacto de las llamas en unos 500 metros de construcción de los alrededores de la estructura principal de tres pisos.

Por su parte, la Cruz Roja Costarricense atendió a tres personas que presentaban afectación por inhalación de humo y crisis nerviosa. Ninguna requirió ser trasladada a un centro médico.

Las autoridades investigan las causas que originaron el incendio.

Se trata de una reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta para devolver la legislación hasta antes de 2023, cuando el Congreso aprobó la ley que sacó al país de la lista negra de la Unión Europea y con esto eliminó ese cobro.

“La propuesta procura corregir una situación de desigualdad existente entre quienes obtienen rentas pasivas originadas en Costa Rica y quienes perciben rentas pasivas originadas en el exterior, de manera que ambas manifestaciones de riqueza reciban un tratamiento tributario congruente con la capacidad económica que representan”, dice la justificación de la propuesta.

El cambio aplicaría entonces una tarifa del 15% a las rentas y ganancias de capital que provengan “de bienes, capitales o derechos, situados o utilizados fuera del territorio nacional”.

El cambio que corrige

En 2023, la Unión Europea puso a Costa Rica en la lista de países no cooperantes por un vacío en la legislación tica que permitía a empresas extranjeras radicadas en el territorio nacional no pagar impuestos sobre los rendimientos que tuvieran sus inversiones en el extranjero.

Esto, desde la óptica de la UE, significaba una potencial “doble no imposición”, es decir, empresas que no pagan impuestos ni en su país de origen ni donde operan.

Así, la solicitud al Gobierno de Costa Rica fue que se gravaran todas esas rentas; o bien, solo a las empresas sin sustancia económica o “empresas de papel”, entendidas como empresas que operan legalmente en un país, pero sin tener oficinas ni empleados. Este último fue el camino que tomó el pasado Congreso.

El problema fue que, con esa solución, los diputados también abrieron un portillo para que empresas ticas que invierten en el extranjero dejaran de pagar un impuesto al que estaban originalmente obligadas, pues al definir el cobro solo para las compañías de papel, se dejó por fuera a todas las demás.

“Como resultado, dos personas residentes en Costa Rica, que perciben idénticos dividendos, intereses, regalías o ganancias de capital provenientes del exterior, pueden recibir un tratamiento tributario distinto dependiendo exclusivamente de su pertenencia o no a un grupo multinacional o de la calificación de la entidad a través de la cual se obtienen dichas rentas; razón por la cual, la presente reforma elimina esa asimetría y vincula el gravamen a la capacidad económica efectivamente manifestada por el contribuyente”, justificó Hacienda.

Junto a esta reforma, Hacienda también presentó una amplia reforma para el régimen de exenciones y exoneraciones fiscales de Costa Rica. Sobre esta, Teletica.com mantiene una consulta ante el departamento de prensa del ministerio.

La institución explicó que el problema responde a una situación estructural de financiamiento, mientras que la cantidad y gravedad de las emergencias atendidas han aumentado.

Al cierre del año anterior, la Cruz Roja contabilizó al menos 500.000 llamadas de emergencia, lo que representa, en promedio, una emergencia por minuto.

A esto se suma un incremento en la gravedad de los casos, entre ellos accidentes de tránsito más severos y hechos de violencia, situaciones que han elevado los costos de operación.

“Consideramos que sí esta es una de las crisis más difíciles que hemos tenido que afrontar y necesitamos apoyo para seguir funcionando, para seguir salvando vidas y para contar con financiamiento sostenible”, señaló José Gerardo Barahona subgerente administrativo.

Entre los comités que actualmente presentan una situación financiera compleja se encuentran el Comité Metropolitano en San José, Desamparados, Santa Cruz, Ciudad Quesada y Guatuso, entre otros.

La Cruz Roja aclaró que esto no significa que estos comités vayan a cerrar próximamente. Sin embargo, advirtió que, si no se generan ingresos sostenibles, en el mediano plazo podría producirse una reducción de la atención de emergencias o de los servicios que brindan algunas de estas sedes.

La institución ya ha recibido apoyo del Estado, municipalidades y empresas privadas, pero considera que estas ayudas no resuelven de manera estructural el problema financiero.

“Necesitamos generar iniciativas que generen un financiamiento o un ingreso sostenible en el tiempo para que podamos seguir funcionando en la atención de las emergencias y salvando vidas”, indicó Barahona.

Cierres aumentarían tiempos de respuesta.

La eventual salida de operación de alguno de los comités tendría un impacto directo en las comunidades.

Según explicó la Cruz Roja, si una sede deja de funcionar, sería necesario que otro comité cercano atienda las emergencias, lo que podría aumentar los tiempos de respuesta.

El costo de operación de un comité básico ronda entre ₡110 millones y ₡120 millones al año, sin considerar un crecimiento significativo en sus servicios.

Las necesidades también varían de acuerdo con la cantidad de emergencias que atiende cada sede. Por ejemplo, el Comité Metropolitano registra aproximadamente 10.000 emergencias al año.

Ante la situación financiera, la institución hizo un llamado a empresas privadas, municipalidades y ciudadanos para que apoyen sus operaciones.

La Cruz Roja cuenta con una Dirección de Cooperación, mediante la cual ofrece cursos de capacitación para personas y empresas, venta de botiquines y artículos institucionales, además de servicios de cobertura de eventos.

Estos servicios permiten generar recursos para financiar parcialmente la atención de emergencias.

La institución también indicó que las personas interesadas pueden acercarse para realizar donaciones o adquirir productos y servicios.

Para obtener información sobre estas opciones, la Cruz Roja proporcionó el número 6470-9465 como contacto de su Dirección de Cooperación.

“Esa limpieza que está realizando de Colombia, no significa que Costa Rica vaya a recibir a la basura que usted está limpiando de su patria. Nosotros como pueblo costarricense vamos a cerrar nuestras filas para hacer aún mayores esfuerzos para evitar que el flagelo del narcotráfico se posicione en Costa Rica”.

La mandataria costarricense fue noticia en diversos medios colombianos, cuyos portales resaltaron esa afirmación entre los principales extractos de sus declaraciones.

Las manifestaciones de Fernández se dieron este martes en una visita oficial a Barranquilla, durante una conferencia de prensa junto a su homólogo colombiano Abelardo de la Espriella.

La cadena radial La FM publicó el titular: "Presidenta de Costa Rica advierte: 'No vamos a recibir la basura que Colombia está limpiando'".

El portal Zona Cero también destacó esa frase en su encabezado principal sobre la actividad.

Por su parte, Caracol Radio resaltó la expresión: "Costa Rica no va a recibir la basura".

El diario El Tiempo también hizo énfasis en las declaraciones emitidas por la mandataria costarricense.

Asimismo, El País, de España, reseñó tanto las declaraciones de Fernández como la reacción del presidente de Colombia a esas afirmaciones.

¿Qué respondió Abelardo de la Espriella a Laura Fernández?

“Y si el crimen organizado trabaja en red nuestros estados tienen todavía más obligación de trabajar unidos, de manera coordinada. Por eso hemos hablado con la señora presidente de profundizar la colaboración entre Colombia y Costa Rica en materia de seguridad, intercambio de inteligencia e información, cooperación aérea y marítima”.

Además, de la Espriella solicitó a Fernández valorar la posibilidad de eliminar el requisito de visa para los ciudadanos colombianos que deseen ingresar a Costa Rica.

Tanto Colombia como Costa Rica buscan fortalecer la cooperación bilateral y las alianzas en materia de seguridad, así como en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Hemos solicitado la colaboración al Poder Judicial y aquí quiero también ser directo: le pedimos la lista total de todas las capturas a nivel nacional que tienen ellos pendientes para que con nuestro equipo de tareas liderado por las fuerzas del orden del Poder Ejecutivo junto con el Ministerio de Justicia, junto con la Dirección de Inteligencia y Seguridad, podamos ir detrás de ellos, pero lamentablemente solo nos facilitaron 90. 

“No nos quedamos de brazos cruzados y tenemos más de 125 personas ya detenidas con orden de captura aparte de esas 90 que nos dieron, pero lamentablemente enfrentar una delincuencia sin esos datos y sin la exactitud de quiénes son los que verdaderamente hoy deberían estar en prisión o enfrentando un juicio nos hace no ir a la misma velocidad”, destacó Campos. 

Sin embargo, Michael Soto, director interino del OIJ, desmintió por completo esa afirmación y aseguró que ninguna de las 90 personas incluidas en esa lista ha sido capturada hasta este martes.

“Le dimos una lista de 90 personas con órdenes de captura de alto perfil, principalmente enfocadas al narcotráfico y homicidios, ante la solicitud de él. Hoy en la mañana consulté y no han capturado a ninguna persona de estas 90”, mencionó Soto. 

Además, señaló que las policías del Poder Ejecutivo tienen acceso en tiempo real al archivo digital del OIJ, conocido como Página Liviana.

“Ellos pueden, con una consulta en su celular, ver si una persona tiene orden de captura o no en tiempo real”, destacó el director interino del OIJ. 

Según Soto, existen 3.691 accesos habilitados para las policías, lo que permite consultar desde un celular si una persona tiene una orden de captura vigente.

El jerarca judicial agregó que las 125 capturas mencionadas por Campos posiblemente corresponden a detenciones ordinarias realizadas mediante consultas en ese sistema.

Tras una indagatoria realizada este martes, quedó en libertad.

Caso Riverside

El nombre de la sobrina de "Pecho de Rata" aparece en al menos cinco ocasiones dentro del expediente del caso Riverside, una investigación que llevó a la desarticulación de la estructura narco de Cahuita que, según las autoridades, era liderada por su tío, el extraditado Edwin López Vega.

En la sección denominada “Patrimonios” del expediente judicial aparecen varias ventas de propiedades en las que habría participado esta mujer.

Según el documento, Barnett López figura como presidenta, con facultades de apoderada generalísima sin límite de suma, de la sociedad anónima denominada Más Cerveza S. A.

De acuerdo con el OIJ y la Fiscalía, todas las transacciones de propiedades señaladas se realizaron en abril de 2019.

En uno de los casos, una propiedad fue vendida por ₡1 millón, sin que se detallara la forma de pago.

Otras dos ventas se realizaron por ₡2,5 millones, mientras que dos propiedades adicionales fueron traspasadas por ₡1 millón cada una.

El caso Riverside continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

Será durante ese proceso cuando se determine cuál fue la participación exacta de esta mujer en los hechos investigados.

Así lo confirmó el Ministerio Público este martes en un comunicado de prensa.

La medida la impuso el Juzgado Penal de Heredia y aplica para los próximos dos meses.

El chofer, de apellido Monge y de 29 años, ahora es investigado por los presuntos de tentativa de homicidio y lesiones culposas.

Este caso ocurrió el domingo, cuando Alicia Gamboa, de 38 años, se dirigía a trabajar al negocio de una amiga. Como se observa en el video de una cámara de vigilancia, al parecer, el vehículo circulaba contravía y se topó de frente con la víctima. Posteriormente, se dio a la fuga.

Sin embargo, Monge se entregó el lunes en oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que se divulgaron las imágenes del hecho. 

Gamboa, vecina de Moravia y madre de un adolescente de 15 años, sufrió severas fracturas en la pelvis y parte de su cadera, así como golpes varios en las piernas. Ella permanece internada en el Hospital Calderón Guardia.

"Esto fue posible gracias a la coordinación entre el Ministerio de Salud y el Servicio de Vigilancia Aérea como parte de las labores de control y vigilancia para la prevención del ingreso a Costa Rica de productos que puedan presentar un riesgo para la salud", detalló Christian Valverde, director general de Salud.

Los péptidos son pequeñas cadenas de aminoácidos que pueden funcionar como mensajeros en el organismo. Se utilizan, por ejemplo, en medicamentos para el control de la diabetes, el sobrepeso y la obesidad.

Sin embargo, las etiquetas de los productos decomisados no detallaban su composición, procedencia ni condiciones de fabricación.

"Los péptidos decomisados serán sometidos a investigaciones correspondientes para determinar su naturaleza y definir las acciones sanitarias que correspondan. 

"Por esta razón, el Ministerio de Salud hace un llamado a la población a no utilizar productos inyectables de composición o procedencia desconocida, especialmente aquellos que se promocionan por medios no autorizados para perder peso rápidamente, aumentar la masa muscular, mejorar el rendimiento deportivo o con supuestos efectos antienvejecimiento", agregó Valverde.

Más de 15.000 estudiantes de duodécimo año de colegios técnicos profesionales realizan esta semana las pruebas nacionales estandarizadas sumativas (ver video adjunto).

Las evaluaciones se aplican en 138 colegios técnicos del país y forman parte de la calificación final de cada asignatura.

La nota de presentación representa el 60% de la calificación, mientras que el resultado obtenido en la prueba corresponde al 40% restante.

Cada examen tiene 60 ítems y una duración de tres horas. Por ello, además de los conocimientos adquiridos durante el año, los estudiantes deben poner a prueba su concentración y capacidad para administrar el tiempo.

Para algunos jóvenes, la presión de obtener un buen resultado puede convertirse en un factor adicional de estrés. Por esta razón, dormir adecuadamente y mantener una alimentación sana antes de la evaluación puede contribuir a que los estudiantes lleguen en mejores condiciones para enfrentar la jornada.

Una situación de este tipo puede suspender el trámite, afectar la tasación del inmueble y, en algunos casos, modificar el monto que el banco está dispuesto a financiar.

El Colegio de Ingenieros Topógrafos recomienda contrastar el certificado catastral con el plano y, cuando sea necesario, verificar también las condiciones físicas de la propiedad.

Realizar una revisión técnica antes de iniciar la compra o solicitar el crédito puede permitir detectar estas diferencias con anticipación y evitar retrasos en la operación.

Se trata del expediente 25.670, sobre el cual la Corte Plena discutió el 14 de setiembre pasado y remitió un informe a la Comisión Permanente Especial de Asuntos Hacendarios en el Congreso, que concluyó —con la salvedad de los magistrados de la Sala Constitucional, que se abstuvieron— que la iniciativa "afecta negativamente la organización y el funcionamiento del Poder Judicial". Por lo anterior, y en apego al artículo 167 de la Constitución Política, para dar visto al texto se requiere de una votación mínima de dos terceras partes del total de los miembros del Congreso.

El proyecto se suma a otros que diputados de la agrupación en el poder han planteado y que los magistrados han considerado que impacta a la Corte, como por ejemplo, la propuesta de Marta Esquivel para modificar la forma en la que se elige al fiscal general o el plan "mano firme" a la reincidencia delictiva, impulsado por la presidenta Laura Fernández.

La propuesta de Acosta —reza la exposición de motivos del expediente legislativo— busca dotar a la Administración de una "mayor agilidad y transparencia en la ejecución y costeo de los recursos públicos", a través de la supresión de dos supuestos de modificación presupuestaria que actualmente deben ser avalados por el Parlamento, como lo son las transferencias entre programas de gasto, así como aquellas entre servicios no personales y servicios personales.

Esos dos escenarios quedan entonces reservados al Poder Ejecutivo; puntualmente, al Ministerio de Hacienda.

"Aquí tengo que señalar que lo importante no es solo lo que la propuesta dice, sino lo que no dice, (lo) que implicaría en la práctica. Porque evidentemente las modificaciones presupuestarias que están a cargo del Ministerio de Hacienda no están cubiertas por la consulta preceptiva que sí se hace al Poder Judicial cuando se hacen modificaciones presupuestarias que afectan al Poder Judicial. Tampoco esta reforma establece alguna obligación del Ministerio de Hacienda de consultarlo, de tomar en cuenta el parecer del Poder Judicial o de establecer plazos", explicó el magistrado ponente, Jorge Leiva.

El alto juez señaló que, si bien entiende y comparte la relevancia de que el Estado sea más expedito en los presupuestarios, ello no puede ocurrir a costa de que el Poder Judicial quede supeditado a decisiones de una cartera del Ejecutivo, en los tiempos que este considere.

Tal situación, a criterio del magistrado de la Sala Primera, violenta el principio de independencia judicial.

"Si la idea de esta reforma es que estos dos tipos de modificaciones presupuestarias, el de las transferencias entre programas y las transferencias entre servicios no personales y servicios personales, salgan de la Asamblea, y esto, valga insistir, no afecta el endeudamiento, no afecta el monto del presupuesto y no aumenta los gastos del presupuesto, yo aquí entendería entonces que la modificación no debería ir en el sentido de que nosotros dependamos del Ministerio de Hacienda para que se hagan estas cosas y no que las podamos hacer nosotros sin perjuicio de que podamos informar al Ministerio de Hacienda para que se lleve el registro respectivo", hizo ver Leiva.

En línea con lo anterior, el alto juez destacó que, de realizarse un ajuste como ese, el Poder Judicial podría estar de acuerdo con la iniciativa.

Con respecto a los otros puntos planteados en el proyecto —a criterio del magistrado, así como de las direcciones Jurídica, Administrativa y de Planificación—, no se plantearon observaciones.

La solicitud fue planteada este martes a la mandataria mediante oficio AL-JFPLN-OFI-0168-2026, y según los liberacionistas, responde a “la necesidad de aterrizar acuerdos políticos que resuelvan las urgencias que la gente vive a diario en sus hogares y comunidades”.

En esas prioridades, según la fracción, están la seguridad y el crimen organizado; el sistema eléctrico y el costo de vida; trabajo de calidad y reactivación económica; pensiones del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP); soluciones para el sector agropecuario y la revisión del presupuesto ordinario de 2027.

"Costa Rica no aguanta más polarización política. La gente en la calle no pregunta de qué partido somos, sino cuándo va a tener trabajo, cuándo va a bajar la luz y cuándo vamos a detener a los delincuentes. Creemos en el diálogo cara a cara y con respeto.

“Por eso buscamos a la presidenta Fernández: para construir acuerdos que les devuelvan la calma y el bienestar a las familias", afirmó Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN.

La solicitud verdiblanca es importante porque el PLN tiene la segunda bancada más grande del Congreso, con 19 curules.

Los verdiblancos ya anunciaron, por ejemplo, una alternativa al proyecto de armonización eléctrica que impulsa el Ejecutivo, pero también amenazan con impedir la emisión de bonos de deuda (eurobonos) en caso de que el Gobierno no revierta el recorte presupuestario al Poder Judicial y además no negocie un acuerdo de pago a la millonaria deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social.

"Anunciamos hoy la primera acción conjunta (...) para enfrentar el flagelo del narco‑terrorismo", explicó el comunicado, emitido tras una reunión de líderes de la coalición en la sede de la ONU.

"Declaramos nuestra intención de imponer (...) el congelamiento de activos; restricciones migratorias y de visado para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido el apoyo logístico, a esas organizaciones" explicó el texto.

Estados Unidos dispone desde hace décadas de instrumentos económicos y jurídicos para sancionar a grupos armados, empresarios o responsables políticos a los que considera enemigos de sus intereses.

Washington tiene una "lista negra" de personas y empresas sancionadas, a las que no se permite acceder al sistema financiero o empresarial.

Esta es la primera vez que se pretende ampliar ese sistema de sanciones a la quincena de países que firman el comunicado, es decir, casi la mitad de América Latina y el Caribe.

Los 24 grupos afectados ya han sido sancionados por Washington, y van desde la Mara Salvatrucha de El Salvador al Tren de Aragua de Venezuela.

También se incluyen los principales carteles mexicanos, así como los grupos armados colombianos como el ELN, los brasileños Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, el Sendero Luminoso peruano y otros.

Puede ver aquí la lista completa de grupos criminales.

"Para facilitar estos objetivos", declaran los firmantes del documento, se pedirá formalmente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de 1947.

Creado en los inicios de la Guerra Fría para luchar contra la amenaza del comunismo, el TIAR permite crear un órgano de consulta para coordinar la respuesta.

El presidente Donald Trump declaró este martes en el primer día de la Asamblea General de la ONU que "Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental".

"De ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual", advirtió.

Washington ha declarado "organizaciones narcoterroristas" a los principales grupos criminales de la región, lo que le permite, a su juicio, utilizar todo tipo de medidas militares.

Mediante drones y ataques aéreos, el Pentágono lleva a cabo desde hace un año una campaña sin precedentes contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con más de 200 muertos.

¿Pero es posible sancionar a un agente por opiniones que este haya emitido?

Frente a ese panorama, Teletica.com consultó a los abogados Rodolfo Brenes y Marco Durante.

Ambos juristas recordaron que la libertad de expresión es un derecho humano y, como tal, protege a todas las personas, incluidos los funcionarios públicos y oficiales. En esa línea, recordó que la Sala Constitucional ha establecido que la relación estatutaria de un servidor no diezma ni limita su libertad de expresión, ni ningún derecho fundamental que le asista.

De igual forma, el primero de los abogados, experto en libertad de expresión, apuntó que el Alto Tribunal ha considerado que el Servicio de Vigilancia Aérea es un cuerpo policial y que, por ello, le aplica la Ley General de Policía, que establece el principio de subordinación al poder civil. La norma en cuestión señala que los uniformados deben abstenerse de deliberar o manifestar proclamas al margen de la autoridad civil.

"Esta es una limitación a la libertad de expresión del policía, que, si bien es legítima y así lo ha dicho la Sala Constitucional, debe aplicarse con sumo cuidado y de manera restrictiva, para no afectar desmedidamente un derecho fundamental", resaltó Brenes.

Por ello, el jurista cree que debe hacerse un análisis profundo de las opiniones que motivaron la apertura del proceso disciplinario.

Solo así se podrá determinar si las manifestaciones tienen que ver con un tema de interés público, si no ponen en peligro el principio de subordinación de la policía al poder civil, si son críticas legítimas en democracia hacia una autoridad. De ser ese el caso, según Brenes, tales opiniones quedarán protegidas por la libertad de expresión.

En cambio, si se trata de expresiones no relacionadas con temas de interés público o claramente difamatorias o injuriosas, no son protegidas por ese derecho y, como consecuencia, contra estas cabe una sanción.

"La posibilidad de sancionar y la apertura de procedimientos administrativos deben entonces valorarse cuidadosamente, porque si se usa de manera amplia, se convierte en un instrumento de persecución y de amedrentamiento que puede usarse para callar la crítica legítima en una democracia y eso es muy peligroso", puntualizó Brenes.

En una línea similar, Durante recordó que una persona será responsable ante terceros cuando sus manifestaciones provoquen un daño a la imagen de una persona o, en el ámbito de una relación de trabajo, le causen un perjuicio grave al patrono por revelarse información de carácter sensible o confidencial.

Asimismo, el especialista en derecho laboral subrayó que el inicio de un proceso disciplinario no debe considerarse como una sanción en sí misma, sino que, por el contrario, es el espacio idóneo para que el funcionario pueda presentar prueba de descargo para que finalmente se demuestre si existió o no una falta que pueda derivar en un castigo.

"Como parte del procedimiento administrativo, deberá investigarse la condición en la que esta persona pudo haber dado sus manifestaciones y las consecuencias de las mismas", apuntó Durante.

Damazio sostiene que fue notificado de un proceso disciplinario en su contra por haber publicado en su perfil personal de Facebook cuestionamientos relacionados con la gestión de la gobernante en materia de aviación civil.

Tales críticas se centraron en supuestas deficiencias detectadas por una auditoría internacional en seguridad aérea.

Para el piloto, la investigación que se le abrió es una "represalia" por sus manifestaciones, en lo que denominó un intento de limitar sus cuestionamientos sobre la administración del sector aeronáutico.

Según la Policía Judicial, los recientes homicidios en Guanacaste y Pococí serían una reacción al debilitamiento de la banda de "Diablo" (ver video adjunto).

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el homicidio reportado en Nandayure de Guanacaste podría estar relacionado con una disputa de territorios entre bandas de la zona que fueron desplazadas y ahora, con la caída de Alejandro Arias Monge, intentan recuperar sus plazas narco.

El OIJ lo llama "la rebelión de las redes". Se trata del reacomodo de una o varias organizaciones criminales tras la caída de un líder dominante, en este caso, "Diablo".

Este fenómeno está ocurriendo con mayor fuerza en el cantón de Pococí en Limón; la zona de mayor operación de Arias Monge.

Y ante la caída de sus 11 hombres de confianza, algunos miembros se niegan a nuevos liderazgos.

Este mismo fenómeno lo detectó el OIJ en el Pacífico Central, donde "Diablo" también dominaba la venta de droga.

Los casos están en investigación.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, la banda "Los Hondureños" tenía ocho casas de seguridad que se comunicaban entre sí, utilizadas para mover droga y armas de guerra (ver video adjunto).

La violenta banda era liderada por Alexander Zacarías Herrera Hernández, extraditado a Estados Unidos.

Sin embargo, luego de esto, el mando lo asumió su hermano, alias "Beto", y estableció un conjunto de viviendas interconectadas mediante accesos terrestres y canales navegables. Todo con el fin de movilizar la droga y armas sin ser detectados.

La casa principal era "El Castillo": el centro de operación y desde el balcón o corredores los miembros del grupo vigilaban con armas de guerra. La segunda casa era de alias "Isaacsillo", cercana al castillo y usada para vigilancias.

La casa número tres es conocida como "El patio de Yeraldo", un sujeto vinculado anteriormente con Tony Peña Russell, pero ahora la utilizan para labores de vigilancia desde el techo.

La cuarta casa es "Los Tarzanes", un punto operativo; a esta le sigue la quinta vivienda de "Beto", hermano del líder y utilizada como refugio de gatilleros.

La sexta casa es la del extraditado Zacarías, conectada a un canal navegable que permitía usarla como atracadero clandestino.

Según la investigación de las autoridades, se estableció que con cada propiedad el grupo tomó más fuerza en barrio Los Lirios de Limón.

Los sindicatos aseguran que, gracias al movimiento de huelga y a la cobertura mediática, quedó al descubierto que las autoridades institucionales mienten con los datos que brindan a la opinión pública y a los costarricenses en general.

“Las autoridades de la CCSS tratan de tergiversar la información al decir que son solo 482 los funcionarios afectados. Serán los que ellos tienen cuantificados, porque ni siquiera sabían que hasta los médicos son afectados con la gestión del pago completo”, manifestó Lenin Hernández Navas, secretario general del Sinae Afines.

Además, cuestionó el manejo de la situación por parte de la presidenta de la CCSS, Mónica Taylor. 

“Tal pareciera que doña Mónica Taylor desconoce en lo absoluto la CCSS y no es para menos, si viene del Ministerio de Hacienda y nunca ha trabajado en la Seguridad Social, nunca ha trabajado en la Caja”, añadió el dirigente sindical.

Según explicaron, Taylor se contradijo al asegurar que son solo 482 trabajadores afectados. Pero luego indicó en la conferencia que en el Hospital México hay 1.600 gestiones de pago pendientes en Enfermería. 

​Además, la presidenta de la CCSS mencionó que ningún funcionario del Hospital San Juan de Dios tiene problemas salariales, pero los sindicatos presentaron una sentencia por parte de la Sala Constitucional a favor de una funcionaria de dicho centro médico.

Las organizaciones sindicales enviaron una nota a la presidenta ejecutiva de la Caja, haciéndole ver que la situación es un problema de voluntad política, responsabilidad patronal y de gobernanza institucional y no de responsabilidad de las personas que laboran en las oficinas de Recursos Humanos.

“Pareciera que, con un acto de irresponsabilidad y cobardía, la Presidencia Ejecutiva se lava las manos y hacen, quieren hacer responsables injustamente hacia abajo, hacia los compañeros de las Unidades de Recursos Humanos, a los compañeros tramitadores, inclusive a la Jefatura de los Servicios de los Problemas Administrativos que generan el atraso de pago. 

“Pero la pregunta aquí, la pregunta más importante, es cómo llegaron esos atrasos de pago, porque hay trámites aún pendientes en la institución”, indicó Karol Estella Quirós, representante de la Junta Directiva del SINAE Afines.

Según un comunicado enviado por la CCSS este lunes, se identificaron 482 funcionarios cuyos nombramientos requerían un proceso administrativo adicional para efectuar el pago. De ese total, 381 casos ya fueron gestionados y 101 permanecen pendientes de regularización.

Las autoridades enfatizaron que los atrasos no obedecen exclusivamente a la plataforma tecnológica, sino que también pueden originarse cuando los movimientos de personal no son registrados oportunamente antes del cierre de nómina.

Amenazan con otra huelga 

Hernández fue claro al decir que, de no solucionarse la situación, estarían planeando un movimiento más grande. 

“A muy buena hora se comprometen las autoridades de la CCSS para que en la segunda bisemana de octubre el problema esté resuelto, porque necesitamos que esos dineros que ya los trabajadores se ganaron con su labor sean reconocidos para el pago del aguinaldo; de lo contrario, habrá una huelga más grande que la de la semana anterior”, expresó.

El dirigente sindical recalcó que la intención jamás es atacar a los asegurados y que los funcionarios únicamente deben preocuparse por cuidar, proteger y atender de la mejor forma a los asegurados, no de estar pendientes de si tendrán o no pago. 

Las organizaciones sindicales solicitan la declaratoria de un acuerdo de emergencia, indicar a cada trabajador el desglose de lo adeudado y la fecha de pago, además de reportes diarios de avances sobre la resolución de casos hasta que no exista un solo caso pendiente.

En la conferencia participaron miembros del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae Afines), el Sindicato Nacional de Servicios de Salud (Sinass), el Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (Sifupcr), la Federación Costarricense de Trabajadores de la Seguridad Social (Fectsalud) y la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE).

El amparo fue presentado por el ciudadano Janekeith Durán, en defensa de la población del cantón josefino, a la que se estima que se le violaron los derechos a la vida y a la integridad física (artículo 21 de la Constitución Política), tal y como se desprende de la gestión a la que se le asignó el expediente 26-034694-0007-CO.

Como parte del recurso, se explica que este no se formuló en favor de la Municipalidad de Puriscal, pues esta ha ejercido a través de su alcaldesa, Iris Arroyo, una serie de acciones de carácter administrativo y, como lo adelantó esta a Teletica.com, eventualmente hará lo propio en la vía judicial.

"La gestión se interpone en representación de un sujeto distinto: la población del cantón de Puriscal, como colectividad indeterminada de personas cuyo derecho a la vida y a la integridad física se ve amenazado por la súbita desaparición de la única flotilla operativa de su cuerpo de policía municipal", explica Durán en el amparo, del que este medio tiene copia.

El recurrente recordó que el numeral 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional permite que un amparo sea interpuesto por cualquier persona, sea o no la agraviada directa, en favor de quien lo sea, sin necesidad de acreditar poder ni interés personal cualificado.

Asimismo, señaló que la jurisprudencia de la Sala ha admitido tal apertura como parte de la tutela de intereses difusos (es decir, de la pertenencia a una colectividad no individualizable).

El amparo sostiene que, además de la violación de los derechos a la vida y a la integridad física, la determinación del órgano encargado de la implementación de las políticas para la prevención del consumo de drogas y su tráfico ilícito resulta arbitraria (artículo 11 de la Carta Magna), desigual (numeral 33) y violatoria de la autonomía de la que gozan los gobiernos locales (artículo 170).

Por su parte, Durán explicó:

"El argumento central es que el Estado no puede reconocer, durante cuatro años, que una comunidad necesita patrullaje para su seguridad, y luego quitárselo por completo sin darle nada a cambio y dejando a esa comunidad desprotegida. Toda decisión del Gobierno que afecta derechos de las personas tiene que estar justificada y ser razonable, no basta con decir 'interés público' sin explicarse".

Precisamente, la falta de fundamentación fue uno de los cuestionamientos que Arroyo hizo en su entrevista con Teletica.com respecto al acuerdo del Consejo Directivo del Instituto sobre Drogas.

La gobernante local sostiene que el ayuntamiento en ningún momento incurrió en los supuestos previstos para la ruptura de un convenio de préstamo de activos decomisados al crimen organizado, como el que se mantiene con Puriscal.

El recurso también solicita el dictado de una medida cautelar de suspensión de la devolución de los bienes a la espera de que los magistrados se pronuncien sobre el fondo.

Sobre el estado de la gestión, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del Ministerio de la Presidencia y al Instituto sobre Drogas.

Más de 46.000 personas de los sectores de Heredia y San Rafael se verán afectadas esta semana con suspensiones del servicio de agua debido a trabajos de mantenimiento realizados por la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).

En el cantón central de Heredia, la suspensión se realizará este miércoles 23 de setiembre, entre las 7 a. m. y la 1 p. m. 

Los trabajos corresponden al lavado del tanque La Joya y afectarán aproximadamente a 38.052 personas.

Entre los sectores que tendrán suspensión del servicio se encuentran:

Centro: sectores norte, centro, este y oeste, incluyendo Corazón de Jesús, las cercanías del Colegio Humanístico Costarricense, Ovsicori UNA, Transportes y Suministros UNA, Jardines Universitarios y el Condominio Heredia Metro.

Cubujuquí: Estadio, plaza, Palacio de los Deportes, Clínica Cubujuquí, Escuela Rafael Moya, INS, calle Cuchilla, capilla de velación y Fátima.

Mercedes Norte: desde el Automercado hacia el oeste hasta llegar al Bar España.

También se verán afectados distintos sectores ubicados en las calles 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13, así como en varias avenidas del cantón.

Suspensión en San Rafael

Para el jueves 24 de setiembre, la ESPH programó el lavado del tanque Ciénega Sur, en el cantón de San Rafael de Heredia.

La suspensión será entre las 7 a. m. y la 1 p. m. y afectará aproximadamente a 8.300 personas.

Entre las comunidades y sectores incluidos se encuentran:

Centro: Condominio Vistas San Rafael y calle Puente Piedra.

Concepción: centro, calle Ciénega, Los Salvadoreños, Kitimak, Hernández, calle Tierra Blanca, El Palenque, calle Hernández, Las Cruces, Paniagua, Vargas, Los Faroles, Burial, La Hacienda, Los Cipreses, Subestación Concepción, Urbanización Vistas del Tural, Beneficio Camacho y Lomas del Castillo, entre otros.

La empresa recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las previsiones necesarias y almacenar agua para atender sus necesidades.

Para obtener más información sobre los trabajos programados, los usuarios pueden comunicarse al 2562-3774 o consultar el sitio web de la ESPH.

La moción, impulsada por la frenteamplista Joselyn Sáenz, pretendía escuchar de la jerarca los alcances y afectación que produjo el recorte de ₡40 mil millones al presupuesto del programa en 2026, una disminución que el oficialismo aprobó con la promesa de que no afectaría la atención y cuido de las poblaciones más vulnerables.

Sin embargo, la propia Carballo confirmó, semanas atrás, que hubo suspensiones en las compras de frutas, carnes y otros alimentos en esos centros, lo mismo que en contratos de transporte y cuido.

Esas suspensiones, que la directora calificó como temporales, también provocaron que la propia presidenta Laura Fernández pidiera explicaciones al respecto.

“Esta diputación considera importante que acá en la Asamblea Legislativa esclarezcamos. Si no hubiese sido por las manifestaciones de preocupación de padres y madres de familia, y de docentes, quizás esas cancelaciones que se dieron hubieran sido una realidad. Fueron tantas las manifestaciones que se echaron para atrás y se anularon esas órdenes.

“Esta no es información que tiene que ocultarse, que tiene que manipularse, es información que necesitamos constatar para garantizar que en la tramitación del presupuesto de este año podamos cubrir eso. Eso es algo que no solo le corresponde a Hacendarios, nos compete también a nosotros como encargados de la materia de niñez en particular”, aseveró Sáenz.

El liberacionista Álvaro Ramírez añadió que la intención de esa audiencia no era “linchar” a un funcionario público, sino atender la obligación del órgano por proteger a la niñez costarricense.

“Nuestro deber es verificar que las instituciones que dan servicio a la niñez funcionen bien. Yo sé que a veces se interpreta esto como un linchamiento de funcionarios públicos, pero en el caso nuestro el mandato que tenemos es proteger a la niñez costarricense, particularmente a la más vulnerable, y esa es la que atienden los CEN-CINAI.

“Lo que queremos es conocer los alcances de la propuesta que está haciendo de reestructuración, que la propia presidenta de la República dijo que era importante que se rindan cuentas. Queremos conocer los cambios que se están proponiendo y contribuir así desde la Asamblea Legislativa”, aseveró.

Sin embargo, la moción fue rechazada con cuatro votos de los oficialistas Katharina Müller, Kattia Ulate, Robert Barrantes y Royner Mora, quienes se limitaron a votar sin justificar su posición.

Agrupaciones culturales, artistas y ciudadanos convocaron a una manifestación para este martes 22 de setiembre para protestar contra los recortes contemplados en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 para el Ministerio de Cultura y Juventud. 

Este se proyecta en 1698 millones de colones menos para 2027 con respecto al presente año 

La concentración está agendada para las 11:00 a.m., en el marco de la comparecencia que tendrá el Ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Desde la organización esperan que sea un espacio pacífico y que los legisladores escuchen sus demandas. 

Aseguran que a disminución presupuestaria afectaría especialmente becas, inversión y programas culturales. 

Más detalles en el video adjunto

Estas son tarjetas prepago que permiten pagar el transporte público, como el autobús o el tren.

Están dirigidas principalmente a la población no bancarizada, es decir, personas que no tienen una cuenta bancaria.

De acuerdo con datos del Banco Central, hasta el momento se han realizado 202.519 transacciones.

Las tarjetas cuentan con un número Sinpe y un número IBAN que permiten recargarlas.

El Banco Central también desarrolló la aplicación móvil “Sinpe-TP: Pasajero”, desde la cual los usuarios pueden gestionar el saldo disponible en el monedero y consultar sus últimas transacciones realizadas en el transporte público.

El objetivo de estas tarjetas prepago es reducir el uso de dinero en efectivo para pagar los servicios de transporte público.

La información fue confirmada por la Cruz Roja Costarricense. La atención se registró a las 8:04 p. m. Personal de la benemérita acudió al sitio en una unidad básica.

Los socorristas confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales en el lugar. Las autoridades deberán investigar las circunstancias del hecho.

Un oficial de la Policía de Tránsito resultó gravemente golpeado y quedó inconsciente tras una presunta agresión ocurrida la tarde de este domingo sobre la autopista General Cañas, luego de intervenir a un conductor que habría dado positivo en una prueba de alcoholemia.

Según la denuncia, de la cual Telenoticias tiene copia, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:40 p. m. del 20 de septiembre, cuando el oficial, de apellido Chávez, se desplazaba desde Grecia hacia la Ruta 1.

Durante el recorrido, el funcionario habría observado un vehículo que avanzaba en zigzag y que incluso, según su reporte, llegó a invadir el carril contrario en varios momentos.

Tras detener el automotor y solicitar la identificación del conductor, el oficial percibió un fuerte olor a alcohol, por lo que procedió a realizar la respectiva prueba de alcoholemia.

De acuerdo con la denuncia, el resultado fue de 0,88 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el funcionario continuó con el procedimiento correspondiente.

Según la versión consignada en la denuncia, durante la intervención el conductor presuntamente reaccionó de forma violenta y agredió al oficial de Tránsito.

El documento también señala que, en medio del altercado, el sospechoso habría intentado arrebatarle el arma de reglamento al funcionario.

Producto de la agresión, el oficial perdió el conocimiento y requirió atención médica inmediata.

Posteriormente fue trasladado al Hospital San Rafael de Alajuela, donde recibió valoración médica, y luego remitido al Instituto Nacional de Seguros (INS) y a Medicatura Forense para la respectiva valoración de lesiones.

La denuncia añade que, antes de realizar la prueba de alcoholemia, el funcionario había solicitado apoyo a la delegación policial correspondiente.

Sin embargo, según el reporte, ningún otro oficial se encontraba en el sitio al momento en que ocurrieron los hechos.

Este lunes se realizó una audiencia de flagrancia relacionada con el caso.

Telenoticias consultó a la Policía de Tránsito sobre lo sucedido. No obstante, al cierre de edición la gestión continuaba en trámite.

Según los especialistas, entre el domingo y las primeras horas de este lunes se contabilizaron más de 70 movimientos sísmicos en el sector.

De acuerdo con el investigador del Ovsicori, Marino Protti, uno de los aspectos más relevantes de esta secuencia es que la mayoría de los eventos se produjo a profundidades inferiores a un kilómetro.

Los análisis realizados por la entidad indican que los sismos no están asociados a procesos magmáticos ni a una reactivación del volcán, sino a fenómenos tectónicos superficiales ocurridos en la zona.

El Ovsicori identificó que los eventos sísmicos se distribuyeron en una especie de corredor que se extiende desde San Juan de Chicuá hacia el noroeste, hasta el sector conocido como Las Torres del Irazú.

La actividad se concentró en un área aproximada de cinco kilómetros de longitud, lo que permite a los especialistas delimitar con mayor precisión la zona donde ocurre el proceso sísmico.

Reforzarán monitoreo en la zona

Ante la ocurrencia de este enjambre sísmico, el Ovsicori anunció medidas para fortalecer la vigilancia instrumental del sector.

Los especialistas tienen previsto realizar modificaciones en algunas de las estaciones ubicadas en la zona de Las Torres del Irazú con el fin de mejorar la precisión en la localización de los eventos registrados.

Además, se instalarán cuatro estaciones sísmicas adicionales cerca de San Juan de Chicuá, una medida que permitirá obtener información más detallada sobre el origen y comportamiento de los movimientos.

¿Por qué el rechazo?

Según el informe emitido por la comisión, los diputados que votaron en contra consideran que, pese a su destacada trayectoria deportiva, Navas no ha tenido un impacto social que trascienda el ámbito del fútbol.

Además, los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano rechazaron un informe de minoría positivo que sí recomienda otorgar la distinción al guardameta costarricense.

Ahora la iniciativa pasará al plenario con dos dictámenes contrapuestos.

“La interacción conjunta de estos tres sistemas estaría causando precipitación, principalmente en el Caribe costarricense, producto de fortalecimiento de la onda tropical cuando interaccione con la vaguada de niveles altos”, explica Rodrigo Castillo, científico de Ciencias del Clima de la Universidad de Costa Rica.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y adoptar medidas preventivas, especialmente en comunidades cercanas a ríos, quebradas y sectores vulnerables a inundaciones.

Asimismo, se hace un llamado a extremar la precaución en carretera, ya que las lluvias podrían reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de incidentes por deslizamientos, acumulación de agua o condiciones resbaladizas. 

“Es un tema sistémico el que se requiere. Adicionalmente llegamos y trasladamos los pacientes, por ejemplo, que es un tema que hablamos también con don Nogui Acosta y con los diferentes diputados, de accidentes de tránsito, que si bien tienen una póliza, llegamos al INS y lamentablemente en el hospital de trauma, tampoco la Cruz Roja recibe, pues un pago por el servicio que se realiza, como si bien se hace en caso de una ambulancia privada”, comenta Dyanne Marenco, Presidenta Cruz Roja Costarricense

Por su parte, varios diputados manifestaron su preocupación por la crisis financiera que enfrenta la organización, la cual aún no recibe ₡1.500 millones que permanecían congelados y cuyo desembolso fue comprometido por el Gobierno.

Sumamente preocupados, realmente nos están diciendo en esta mesa de trabajo, los compañeros y compañeras de la Cruz Roja, el caso tan crítico que este momento están atravesando. Hay 66 comités que están en rojo, en los próximos meses estarían también cerrando, no solamente San Rafael y San Pablo. Tienen un déficit anual acumulado de casi ₡2.000 millones, comentó la diputada liberacionista Ángela Aguilar.

Además, la Cruz Roja señaló que el incremento de la delincuencia, la inseguridad y los accidentes de tránsito ha provocado un aumento en la cantidad de emergencias que atiende a diario.

La institución advirtió que la continuidad de sus servicios depende de contar con los recursos necesarios para mantener la cobertura y la capacidad de respuesta ante emergencias en todo el territorio nacional.

“A partir del día de hoy, por ejemplo, el hospital de Alajuela, Heredia y el Calderón Guardia, ya iniciaron la reprogramación esta semana para en un conteo de 15 días, al menos a 22, ya tener los procedimientos quirúrgicos resueltos. Con relación a los procedimientos y consulta externa, estamos programando jornadas extraordinarias en algunos casos, pero la pretensión es tener a un mes calendario poder resolver todos los casos que no pudimos atender en ese periodo” explica Marvin Palma, Gerente Médico de la CCSS.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de la CCSS se refirió al Sistema Integrado de Pagos Especiales (SIPE) y aclaró las dudas sobre una eventual responsabilidad de esta plataforma en los atrasos reportados.

Según indicó la institución, los pagos pendientes se estarían realizando durante las primeras semanas de octubre.

Además, la CCSS analiza los casos de aquellos funcionarios que participaron en la reciente huelga pese a no presentar inconvenientes con el pago de su salario. Las autoridades no descartan la eventual aplicación de sanciones administrativas, según corresponda.

El jefe del Ministerio Público expresó su deseo tras una consulta de Teletica.com y luego de hacerlo público en el programa Sentido Crítico de Sergio Ortiz.

Díaz, cuyo nombramiento acaba el 31 de octubre próximo, tiene tiempo hasta el 30 de setiembre para comunicarle su decisión formal a la Corte Suprema, algo que confirmó a este medio realizará este martes. 

"Lo conversé con mi familia. Para mí es muy importante la familia, pero todos son muy valientes, no tenemos miedo y ellos me han dicho que si quiero continuar, que continúe, que me van a apoyar; por eso mi decisión va a ser solicitar a los señores magistrados mi reelección.

"Por supuesto, va a estar en manos de ellos la decisión final, pero sí la voy a solicitar", aseveró Díaz en ese programa.

El anuncio del fiscal general llega en medio de la tensa relación entre el Poder Ejecutivo, presidido por Laura Fernández, y el Poder Judicial.

Precisamente la mandataria, y sobre todo su ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, han sido férreos críticos de la labor de Carlo Díaz al frente del Ministerio Público y le han solicitado públicamente no continuar en ese cargo.

Sin embargo, este mismo lunes la Corte Plena evaluó como "excelente" el desempeño de Díaz durante el 2025, al cual asignó una nota de 98,95%.

Así lo reveló un informe presentado este lunes por la Cámara de Detallistas en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y con el apoyo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

El estudio plantea que la informalidad en el comercio es un fenómeno estructural que no puede explicarse únicamente por la tramitología. 

Entre los factores identificados están el tamaño de los negocios, el acceso al financiamiento, las capacidades empresariales y las brechas de género.

El sector comercio representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y concentra aproximadamente el 16% del empleo nacional.

El estudio también utiliza una medición específica para las microempresas. Bajo ese criterio, el 64,5% de las 105.780 microempresas del sector comercio son informales.

Los investigadores advierten que ambas cifras corresponden a mediciones diferentes y, por lo tanto, no deben interpretarse como equivalentes.

Además, el 60,5% de las personas propietarias de negocios no formalizados identifica los altos costos y la complejidad del proceso como las principales razones para no formalizarse.

Negocios con disposición

El estudio también analizó la disposición de los negocios a formalizarse ante diferentes incentivos.

Cuando se plantea realizar gratuitamente los trámites y cubrir los costos de inscripción ante la CCSS, la disposición a formalizarse supera el 80%.

El porcentaje también aumenta cuando se agrega una exoneración del 50% de la cuota mensual de la Caja durante el primer año.

“La evidencia confirma la magnitud del desafío: se identifican 39.114 microempresas informales, y eso nos tiene que llamar a la reflexión”, indicó la presidenta de Uccaep, Maritza Hernández.

Hernández señaló que la informalidad puede generar competencia desigual, menor protección social y menor productividad, pero también reconoció que para algunas personas constituye una estrategia para generar ingresos.

“Ahí es donde los diferentes actores tenemos que trabajar en equipo para lograr que esas pymes pasen a la formalidad”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comerciantes, Gerardo Araya Bermúdez, planteó que las políticas dirigidas a las mipymes deben construirse a partir de evidencia.

“Necesitamos que las decisiones y las políticas de apoyo a las MiPymes se construyan con evidencia, con conocimiento de la realidad y, sobre todo, escuchando a quienes viven diariamente esta situación”.

Araya aseguró que la Cámara busca acompañar a los comerciantes en el proceso de formalización y crecimiento.

“Reiteramos nuestro compromiso: seguir siendo un aliado del comerciante costarricense y contribuir a construir un ecosistema donde formalizarse sea más sencillo, mantenerse formal sea rentable y crecer sea una posibilidad real”, afirmó.

MEIC reporta aumento del registro pyme

La ministra de Economía, Industria y Comercio, María del Milagro Solórzano León, destacó la importancia de los comercios detallistas para la generación de empleo y el dinamismo de las comunidades.

Durante la actividad, la jerarca informó que el registro de pequeñas y medianas empresas (pyme) aumentó un 97% entre marzo de 2022 y mayo de 2026, al pasar de 18.301 a 36.098 empresas registradas.

“Nuestro compromiso es continuar eliminando obstáculos para que las personas empresarias puedan concentrarse en producir, vender, innovar y crecer.

“La formalización no debe ser un punto de llegada, sino más bien el inicio de una ruta para fortalecerse”, afirmó Solórzano.

Las organizaciones participantes coincidieron en que la reducción de la informalidad requiere trabajo conjunto entre el sector público y privado, políticas basadas en evidencia y acompañamiento directo a las mipymes.

Además, contará con 16 bandas y más de 38 horas de festival, junto a una propuesta que incluye alrededor de 150 marcas de cerveza, juegos mecánicos ilimitados y diferentes espacios de entretenimiento.

La celebración continuará el 10 de octubre en Nébula Center, con Oktoberfest Village, una experiencia más exclusiva y cercana que busca recrear la esencia de una aldea alemana, con gastronomía típica, cervezas seleccionadas, música y actividades tradicionales.

“Este año quisimos llevar el Oktoberfest a dos experiencias diferentes, pero con algo en común: mantener ese espíritu de celebración que hace que miles de personas esperen este festival durante todo el año. Pedregal representa la gran fiesta, mientras que Village nos permite acercarnos más a la tradición y a una experiencia más íntima. Son dos maneras de vivir el mismo Oktoberfest”, explicó Pablo Formal, organizador de Oktoberfest Costa Rica.

Las entradas para Oktoberfest Pedregal y Oktoberfest Village ya están disponibles en OktoberCR.com, con precios especiales por tiempo limitado; sin embargo, usted puede participar aquí por entradas para el evento.

El evento está pensado para público de todas las edades. Los menores de 12 años tendrán entrada gratuita y deberán presentar su cédula de menores al momento del ingreso.

Según el OIJ, a la 1:15 p. m. ingresó una alerta sobre una supuesta infracción cometida por un vehículo en la ruta 27.

Al abordarlo, según el reporte oficial, detectaron un olor a presunta droga, por lo que pidieron la presencia de una unidad canina facilitada por la Policía Municipal de Escazú, que finalmente confirmó esa posibilidad.

En el lugar le decomisaron a la mujer ₡7.175.000 en efectivo.

“Se detiene a la femenina de apellido Barnett, de 29 años, como sospechosa del delito de legitimación de capitales; además del decomiso de este dinero en efectivo, se decomisan aparatos electrónicos”, mencionó el OIJ.

La detenida fue trasladada al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Mediante la resolución administrativa DP-R-016-2026, la mandataria declaró "inadmisible" el planteamiento hecho el 24 de agosto pasado por el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre.

El comunicado circulado por Casa Presidencial la tarde de este lunes se limita a indicar que el conflicto en cuestión se rechazó en el tanto que esa figura únicamente está contemplada para presupuestos ordinarios, no para extraordinarios, que es como el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció que buscará rebajar ₡23.722 millones en el actual plan de gastos de la Corte.

Inicialmente, el magistrado interpuso recursos de revocatoria y nulidad absoluta, así como una solicitud de medida cautelar provisionalísima, todas formuladas ante el también exgobernante, y rechazadas el 3 de setiembre mediante la resolución MH-DM-RES-1022-2026.

Pero en la gestión, Aguirre además pidió que, en caso de que la "discrepancia" prevaleciera, se diera trámite al proceso previsto en el artículo 177 de la Constitución Política.

"La preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo por medio de un departamento especializado en la materia, cuyo jefe será de nombramiento del Presidente de la República, para un período de seis años. Este departamento tendrá autoridad para reducir o suprimir cualquiera de las partidas que figuren en los anteproyectos formulados por los Ministerios de Gobierno, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo de Elecciones. En caso de conflicto, decidirá definitivamente el Presidente de la República", establece el citado numeral.

De momento, se desconoce si, tras lo resuelto, se da por agotada la vía administrativa o si cabe alguna otra gestión.

Sobre ese particular, Teletica.com mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la Corte.

La comitiva tiene pactado reunirse con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y sus ministros de seguridad.  

En la cita también participará el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Pablo Martínez. 

Según explicó Campos, el encuentro busca facilitar el intercambio de información, el análisis conjunto de estrategias y el fortalecimiento de mecanismos de colaboración entre los cuerpos policiales de ambas naciones.

“Queremos tener alianzas con los países vecinos para seguir enfrentando esta criminalidad. No vamos a parar y seguiremos trabajando fuerte”, aseguró Campos.

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad nacional, el ministro adelantó que esta semana se realizará una actividad en Golfito, donde el país recibirá dos lanchas interceptoras y tres vehículos todoterreno destinados al personal del Servicio Nacional de Guardacostas.

“Tenemos que darnos la mano y seguir de frente contra esta gente que hace mal. La única forma de contenerla es logrando su detención, aplicando medidas cautelares ejemplares y llevándolos prontamente a juicio”, manifestó.

Consultado sobre la posibilidad de observar helicópteros o aviones militares realizando operaciones en el país como parte de esta alianza, el ministro no quiso entrar en detalles.

“Lo que estamos buscando es una alianza de cooperación, de análisis, de inteligencia, de compartimentar la información de los cuerpos policiales y a veces a uno le sorprende que se cuestione o se quiera ver más allá”, señaló.

Además, ante una consulta sobre si las conversaciones con Colombia podrían derivar en cambios en los procesos migratorios para los cafeteros que ingresan a Costa Rica, Campos también evitó adelantar medidas.

“Vamos con una agenda muy grande; recuerda que tenemos una señora presidente que está liderando como una dama de hierro esta lucha contra la criminalidad. Ella lleva su portafolio y ella, cuando esté allá y converse con el señor presidente de Colombia, yo sé que les va a informar a ustedes de los acuerdos, pero sí queremos alianzas estratégicas porque la criminalidad no tiene fronteras; la frontera la tenemos los buenos, los malos andan a la libre y no queremos eso para Costa Rica”, expresó. 

La reunión de urgencia se efectuará este martes 22 de setiembre y miércoles 23 en Barranquilla, Colombia. 

Se trata del aparente uso que había hecho Miranda de dos abogados municipales para resolver un asunto personal. El alegato del alcalde es que fue el mismo Concejo Municipal el que intentó sancionarlo por frenar la compra de vehículos eléctricos, castigo que posteriormente quedó sin efecto tras resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

“Se rechazó la recusación debido a que los hechos de la sanción anterior no tienen relación con el proceso actual, así que no hay motivo para separar al Concejo por falta de objetividad para llevar el caso.

“De esta manera, el Concejo sigue manteniendo su competencia para tener una resolución”, expuso la Presidencia de la República en un comunicado.

Con esa resolución, será ahora el Concejo Municipal el encargado de determinar si la conducta de Miranda amerita o no ser sancionada.

“Ese rechazo se veía venir porque el mismo Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha dicho que el Concejo Municipal puede sancionar al alcalde. Una sanción que viene de una investigación de un órgano director que definió que se hizo uso de abogados municipales en horario laboral para un tema personal del alcalde.

“Ahora le toca al Concejo Municipal tomar decisiones y definir si acoge dicha sanción y sancionar, por segunda vez en este periodo, al alcalde por un tema de irregularidades”, afirmó el regidor Juan Diego Gómez.

Este medio solicitó una posición al alcalde Miranda y está a la espera de una respuesta.

Se trata de un menor de nueve años.

A la llegada de los cruzrojistas se pudo confirmar que el pequeño presentaba varias heridas y posibles fracturas a nivel facial. 

Tras recibir atención y ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en condición crítica al CAIS de Cañas para su valoración y atención médica.

La calificación fue ventilada durante la sesión de Corte Plena la tarde de este lunes y la rindió la subdirectora de Gestión Humana, Waiman Hin.

"No tengo ninguna observación. Agradezco mucho la evaluación", se limitó a indicar el jefe del Ministerio Público tras conocer la calificación recibida.

El fiscal general recibió un 80% en la evaluación de cumplimiento de metas, un 9% por resultado en competencia (colectivo, de parte de la Corte Plena) y un 4,85% de parte de sus equipos de subalternos, al tiempo que se asignó un 5% en la autoevaluación.

Antes de que se diera a conocer la nota asignada a Díaz, e incluso unos minutos antes, los magistrados tuvieron un debate sobre la necesidad de reformar el reglamento en torno a la evaluación que se hace de altos cargos del Poder Judicial.

Quienes plantearon el tema en primer lugar fueron las altas juezas Iris Rocío Rojas y Roxana Chacón. Más adelante se sumaron tanto Fernando Castillo como Fernando Cruz.

"Esta forma de evaluar debería reformularse. Creo que ya es hora de que la actuación específica, la deficiencia del funcionario que puede notar Corte como órgano, la falta de normas que se le han pedido redactar... recuerdo el caso de la Fiscalía y el reglamento para nombrar al personal y otras muchas que se ordenan y que luego no se cumplen; luego, a la hora de hacer un balance de situación, está cumpliendo con unos extremos sumamente objetivos que en realidad no valoran la percepción del desempeño. Y el hecho de poner ahí unos comentarios no es suficiente para que el órgano máximo de Corte en realidad valore la funcionalidad y la eficiencia de ese funcionario", expuso la primera de las magistradas.

La otra alta jueza, por su parte, hizo ver que, de la nota asignada a altos funcionarios como el fiscal general o el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Corte Plena aporta solo un 9% del total de la calificación.

Rojas y Chacón abogaron porque se discuta a la brevedad una reforma sobre el particular, mientras que Castillo llamó a buscar asesoría del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), al tiempo que Cruz hizo ver que debe tenerse cuidado en el tipo de evaluación.

"Pareciera que hay un descontento con la evaluación del desempeño. No me refiero a la de los jerarcas. Pero mi pregunta es: ¿les surgió hoy o la tenemos hace tiempo con respecto a las evaluaciones del desempeño en general? Porque si fuera que las tenemos con las evaluaciones del desempeño en general, yo podría decir que qué bueno, que nos dimos cuenta en el transitar de las evaluaciones en general que la evaluación del desempeño tiene algunos problemitas que haya resolver. Pero no que eso se haya resuelto hoy respecto a las que se han dicho hoy, porque entonces lo que parecería es que con lo que no estamos de acuerdo es con el resultado de las evaluaciones del desempeño de hoy, lo cual sería un contrasentido porque ahí están los números que los evaluadores mismos, que somos nosotros mismos, pusimos en esa evaluación", señaló por su parte el magistrado Carlos Zamora.

Sobre los comentarios, Hin tomó nota de las observaciones planteadas y aseguró que la Dirección de Gestión Humana está anuente a hacer las revisiones que sean necesarias. Pero también defendió que el reglamento actual se ajusta a la Ley Marco de Empleo Público.

La funcionaria además hizo ver que la evaluación del desempeño revelada este lunes corresponde al año pasado y que la correspondiente al 2026 está en marcha, por lo que llamó a hacer las discusiones del caso con prontitud.

De igual forma, la subdirectora aclaró que en realidad la Corte Plena es la que fija las metas sobre las cuales se calcula el 80% de la nota, con lo que negó que la calificación de los altos jueces solo represente el 9%.

Este lunes inició la audiencia preliminar para solicitar que se eleve a juicio una causa por narcotráfico contra el líder criminal y extraditable Jonathan Pérez Méndez, conocido como “Tan”, señalado como uno de los hombres de confianza de “Diablo” (ver video adjunto).

La diligencia forma parte del proceso judicial relacionado con el caso denominado "Cachi", por el cual el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Contra el Crimen Organizado realizaron una serie de allanamientos en 2024 en Matina, Limón.

Los delitos investigados son infracción a la Ley de Psicotrópicos, infracción a la Ley de Armas y homicidios, de los cuales siete se le atribuyen a alias "Tan".

Entre los homicidios se incluye el de un niño de 8 años, quien murió junto a su madre en una balacera en Matina.

La audiencia se realiza en el Tribunal Penal de Limón; pero a "Tan" lo trasladaron del centro penitenciario La Reforma al Tribunal Penal de San José para que participara por videoconferencia. Él decidió delegar todo el proceso a su abogado.​

En total, son 26 imputados contra los que la Fiscalía solicitará ser sometidos a juicio y la audiencia podría extenderse por varios días.

En un video de seguridad se observa que, al parecer, el automóvil involucrado circulaba en contravía y, tras el impacto con la mujer, su chofer huyó del lugar.

Teletica.com conversó con Gamboa, quien se encuentra internada en el Servicio de Emergencias del Calderón Guardia, a la espera de su traslado al Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros.

"Ayer (domingo), cuando salí de mi casa, le iba a ayudar a mi mejor amiga, que tiene un negocio propio y yo sé atenderlo, y ellos iban de paseo y me pidió que si le hacía el día", contó a este medio.

Gamboa es madre de un menor de 15 años, quien depende completamente de ella, y trabaja en el comedor de la escuela de San Jerónimo de Moravia, de donde es vecina.

Según la explicación que le dieron sus médicos, sufrió fracturas en la pelvis y parte de su cadera, razón por la que no puede caminar.

Aprovechó este medio para enviarle un mensaje a quien conducía el vehículo que provocó el accidente.

"Por favor, que me ayude, porque la póliza de mi moto son 6 millones y el gasto es más elevado: mi cirugía, mis terapias, mi estadía en el hospital; por eso no me quieren trasladar de aquí al INS. 

"Que se haga responsable, que si él tiene una hija, que imagine lo que sentiría él al ver a una hija postrada, sin poder mover sus piernas, esperando una cirugía; que se haga responsable, que asuma su responsabilidad, porque yo estoy aquí esperando la cirugía, mi hijo casi queda huérfano y yo soy lo único que él tiene", expresó Gamboa.

Como ella está postrada en la cama del hospital, su papá acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para interponer la denuncia formal. 

Sobre el caso, la Policía Judicial dijo que las pesquisas continúan en desarrollo. Por el momento, no hay personas detenidas, pero los agentes reportaron el hallazgo del carro abandonado a un kilómetro y medio del lugar del incidente. Debido a supuestas alteraciones que presenta, investigan si se trata de un vehículo robado.

La cámara de seguridad del camión involucrado grabó el momento del impacto (ver video adjunto de Telenoticias).

El accidente ocurrió este lunes, cerca de las 6 a. m., en la Ruta 2, que comunica a Montes de Oca con Cartago, específicamente frente al supermercado Mas x Menos de San Pedro.

Como se observa en las imágenes, en apariencia, el vehículo pesado invadió repentinamente el sentido contrario de la vía. En ese momento, se encontró de frente con un automóvil cuyo conductor, al parecer, no tuvo tiempo para reaccionar.

Tras el fuerte impacto, la emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja.

Los socorristas atendieron a tres personas que resultaron heridas y posteriormente fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención especializada.

Mientras las unidades de emergencia trabajaban en la escena, el tránsito se complicó en la zona. Se reportaron largas presas y congestionamiento tanto sobre la ruta como en sus inmediaciones.

Por medio de un comunicado emitido por TVN Canal 14 (medio de comunicación que pertenece a dicha empresa), la cooperativa anunció que abrirá una investigación interna para determinar las acciones correspondientes ante lo ocurrido.

"Sobre esta situación, la cooperativa rechaza cualquier conducta que pueda representar un trato inadecuado o contrario al respeto y cuidado de los animales", indicó Coopelesca.

La institución también recordó la importancia de proteger la integridad de los animales y de sus trabajadores durante este tipo de situaciones.

Laura Leitón, del Departamento de Gestión Social y Ambiental de Coopelesca, explicó que las buenas prácticas ambientales deben contemplar tanto el bienestar del animal como la seguridad de las personas que intervienen en el rescate.

​"Los animales instintivamente van a buscar defenderse y el trabajador se encuentra a una altura importante, por lo que es necesario tener el control de la situación para poder garantizar que ambos lleguen con seguridad al nivel del suelo", señaló Leitón.

El video muestra el momento en que el perezoso es lanzado desde una altura considerable para evitar que entrara en contacto con un transformador eléctrico. La grabación generó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el método utilizado.

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Coopelesca investiga actuación de trabajador que lanzó a perezoso desde poste. Más información en Teletica.com. 📲

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Un video que circuló en redes sociales muestra el accidente ocurrido este domingo en el sector de La Presa, camino a Paracito de Santo Domingo. En la grabación se observa que, al parecer, el automóvil circula en contravía y, tras el impacto con la mujer, su chofer huye del lugar (ver adjunto).

Este domingo, a eso de las 10:30 a. m., la Policía Judicial recibió el reporte por el hallazgo del vehículo, aparentemente abandonado.

"Los agentes judiciales realizaron la revisión correspondiente; se determinó que, en apariencia, el vehículo presentaba alteraciones, por lo que se inició una investigación para esclarecer lo sucedido", detalló el OIJ a Teletica.com.​

De acuerdo con las autoridades, el carro estaba "a eso de 1 km y medio del lugar donde sucedió el accidente, en San Luis de Santo Domingo de Heredia". Ahora los agentes verifican si se trata o no de un vehículo robado.

Por el momento, no hay personas detenidas por este hecho. El caso se mantiene en investigación.

La Cruz Roja indicó que la víctima del atropello fue trasladada en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia.

El anuncio se dio durante una conferencia de prensa y se produce después de una semana de críticas por parte de los sindicatos del sector, hasta incluso de órganos técnicos de la propia institución, que advirtieron de renuncias por parte de especialistas y hasta un incremento en las listas de espera.

"Lo que vamos a hacer es que vamos a suspender la aplicación de ese instructivo. Vamos a dar un plazo de 15 días hábiles a las personas interesadas, a los trabajadores y sus organizaciones, para que nos hagan todas las observaciones técnicas y jurídicas que consideren y, a partir de ahí, vamos a tomar esos insumos para, eventualmente, si son de recibo, hacer las correcciones respectivas", indicó el director de Administración y Gestión de Personal, Wálter Campos.

Precisamente, la Unión Médica Nacional (UMN) y el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) denunciaron que el nuevo instructivo —desde su perspectiva— incurre en ilegalidades, al tiempo que potencia la fuga de funcionarios a los que se les reducirían las remuneraciones por extras entre un 8% y un 11%.

El funcionario recordó que el instructivo anterior data de 1998 y se compone de 53 circulares.

Todo el tiempo transcurrido, así como la forma en la que estaba regulado, llevó a la Auditoría Interna de la entidad a advertir en reiterados informes la necesidad de actualizar la normativa.

Adicionalmente, a raíz de una denuncia planteada por una organización de médicos —que no fue precisada— ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), esa instancia emitió advertencias a la Caja relacionadas con el abuso del tiempo extraordinario, irrespeto del libre absoluto semanal y exceso del límite de 12 horas laborales.

Campos fue consultado puntualmente sobre el tema del cálculo y expuso que, anteriormente, el cálculo del pago de las extras se hacía mediante factores, pero enfatizó que no existen fundamentos legales o técnicos para acreditar que esa es la forma en la que debe hacerse.

El director recordó que, incluso, por mandato del Código de Trabajo, las horas extra se pagan a tiempo y medio, y doble si es en fines de semana o feriados.